San Juan. - El titular del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) de San Juan, Oscar Bernard, se mostró ayer contrariado con el proyecto de ley de liquidación de la entidad presentado por el gobierno nacional al Congreso y sostuvo que la iniciativa tiene motivaciones políticas y económicas.
Según el funcionario del registro que controla la actividad laboral en el campo, “lo que hace este proyecto de ley es modificar la vieja Ley 22248, de la época del Proceso Militar y que esta vigente en cuanto a la relaciones laborales con el peón , pero con una clara intención de parte del Ejecutivo Nacional, que es, ni mas ni menos, destruir el liderazgo que tiene la UATRE en el sector rural”.
Por otro lado dijo que “busca proceder a la disolución del Renatre y que pase como organismo al ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y establecer algunas modificaciones al régimen jubilatorio del empleado rural”.
Según Bernard, “en el fondo, lo que hace este proyecto, es que la concertación, que en la actualidad existe de trabajadores rurales y empleadores rurales en la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, quede desarticulada, a partir de poner una mayoría de funcionarios nacionales, por sobre la mayoría que en la actualidad tienen los trabajadores y los empleadores, para llevar la negociación paritaria permanente en todo el país a otro terreno”.
La lectura del represnetante del Renatre en San Juan, es que “desde el punto de vista jurídico y político, se observa que lo que esta haciendo el Ejecutivo, no es ni mas ni menos que destruir todo aquello que el campo a logrado consensuar, reunir y diseñar a lo largo de estos últimos 20 o 30 años, en donde, si bien se pretendía desde el sector modificar la Ley 22248, jamás se pensó en una modificación de esta naturaleza que recaiga sobre las instituciones que hacen a la vida de la actividad rural en el país”.
Frente al “embate del Poder Ejecutivo sobre todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo”, Bernadr dijo que “desde la UATRE se ha presentado otro proyecto de ley, a los fines de poder debatir en las comisiones de la Cámara de Diputados, cual es el mejor de los proyectos y así proceder a una modificación acordada y consensuada, y no esta situación de violentar a las entidades del campo con la aprobación de este proyecto”.
Reconoció que “si se toma fríamente el discurso oficial, es lógico que nadie en el campo puede negarse a modificar una Ley del Proceso”, pero dijo que “lo que pasa es que solapadamente bajo este discurso, se busca dos cosas fundamentales que son desguazar el gremio de la UATRE, destruir la negociación paritaria que en la actualidad tienen las entidades del campo con el gremio de los trabajadores rurales y por el otro lado obtener y hacer un traspaso de los fondos que en la actualidad tiene el Renatre, al ambito del Poder Ejecutivo”.
Finalmente comparó la situación “a lo que ya vivimos en la Argentina con otras cosas similares, como por ejemplo en San Juan cuando se dispusieron las intervenciones del Ejecutivo en el ADOS en el año 92, ante presuntas irregularidades y a los 10 años, en el 2002, la Corte Suprema dijo que no se había comprobado ninguna irregularidad y se los devolvió a los sindicatos totalmente quebrado y con 20 millones de pesos de deuda, por lo que terminó liquidándose”.
También dijo que “esto es similar a otras historias, como la desarticulación de la Junta Nacional de Granos y de la Junta Nacional de la Carne y un montón de instituciones” y que “vemos que la historia se repite por los mismos intereses políticos, que en el caso del Renatre, tiene que ver con la clara intención del Ejecutivo de perjudicar políticamente a Gerónimo Venegas, alineado con el PJ disidente, pero con el agravante de que de esta manera se perjudica al campo y a las instituciones que regulan al sector agropecuario”.



Comentá la nota