Ocurre que una de las claves del Censo radica en la confianza de las personas y de las familias que deben responder y suministrar los datos que le requerirán los censistas del organismo. Y también en la propia confianza en el INDEC de los más de 400.000 censistas, en su gran mayoría docentes, que deben visitar casa por casa para relevar los datos.

A las sospechas sobre la manipulación de las cifras, se agregan las dudas sobre la propia planificación del proyecto.

El Censo anterior –que se realizó en 2001- se empezó a planificar a fines de 1995. Finalizada la etapa de diagnóstico, se realizaron cuatro pruebas piloto generales, dos Pruebas de Diseño Conceptual, un Censo Experimental y tres Encuestas de Validación que pusieron a prueba la organización funcional del Censo, la metodología a emplear, la preparación del relevamiento, el procesamiento y la difusión de los datos.

Aún así, el Censo, que debió realizarse en 2000, fue postergado un año y sus resultados no fueron del todo satisfactorios porque terminó haciéndose en medio de la crisis y con los docentes en conflicto.

Hoy el que está en crisis es el propio INDEC, con sus estadísticas bajo sospecha. Y una de las manifestaciones de esa crisis, es que las tareas preparatorias de este Censo fueron reducidas, gran parte de los técnicos del organismo que participaron en los censos anteriores fueron desplazados o renunciaron y la prueba piloto realizada en Chivilcoy fue cuestionada duramente por profesores universitarios y especialistas en población que ayer en la Facultad de Económicas de la UBA lo volvieron a reafirmar.