Luego de que en el transcurso de la semana pasada una organización no gubernamental denunció que una cadena de cines ubicada en un shopping de la ciudad de Yerba Buena le había prohibido la entrada a un grupo de personas discapacitadas que pretendían ver una película, el concejal radical de esta jurisdicción Pedro Albornoz Piossek, elaboró un proyecto de ley tendiente a garantizar a este segmento social el acceso libre y gratuito a todo tipo de espectáculos ya sean públicos u organizados por firmas privadas.

Al recordar en sus fundamentos que de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI) realizada por el INDEC se observó que el 7,1 por ciento de la población sufre de algún tipo de discapacidad, el edil adujo que estas personas padecen además "de marginación y discriminación, por lo que además del problema físico, sufren de baja autoestima. Por lo que el objetivo de esta medida política debe tender a igualar condiciones para que todos puedan participar en la vida en común".

En la iniciativa se sostiene que para gozar de los beneficios que establece la norma, los interesados deberán concurrir con el Certificado de Discapacidad expedido por la autoridad competente. En tanto, se estipula paralelamente que al solicitar las entradas respectivas, debe hacerse con una antelación no menor a los 30 minutos de dar inicio el evento.

Vinculado a esto último, el radical indicó en su proyecto que cuando el Certificado incluya la acreditación de un acompañante, el organizador del espectáculo (artístico, cultural, deportivo, recreativo, turístico, cines, teatros, recitales, circos) deberá extender este beneficio para dicho acompañante.

Piossek resaltó que "todo evento a realizarse deberá disponer un número de localidades en reserva, destinado a personas con capacidades diferentes, equivalente al cinco por ciento de la capacidad total del lugar en donde se lleve a cabo el espectáculo". A la vez, señaló que cuando la demanda supere la previsión del cupo indicado, el agotamiento del mismo deberá ser documentado debidamente.

Asimismo, otra de las consideraciones vertidas en la normativa, da cuenta que la ubicación de las localidades para presenciar el evento debe ser preferencial y de fácil acceso, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad de la persona.

Se consigna además que la falta de cumplimiento a lo postulado por el proyecto será pasible de multas que irán desde los 500 pesos hasta los 10.000 pesos, llegando hasta la clausura temporal o definitiva del local o el evento en sí, como consecuencia de las faltas reiteradas a la disposición.

Finalmente, el concejal en representación del radicalismo precisó que "es prioridad de este Concejo Deliberante realizar todas las acciones orientadas a atemperar las desigualdades físicas o morales de la discapacidad", sostuvo Piossek.