"La consecuencia -advierte el constitucionalista Gregorio Badeni- es evidente: el Gobierno quiere ejercer el control. Podrá regular la producción, intervenir sobre las fábricas y, al mismo tiempo, encarecer y trabar la importación. Tendrá la llave para darles papel a algunos diarios o asfixiar a otros."

Ahora, Papel Prensa, que es una empresa privada, o cualquier otra que se dedique a esta actividad, estarán bajo numerosos controles: el Ministerio de Economía, una Comisión Bicameral Permanente y un Comité Federal, y podrán sufrir sanciones que no se aplican a otra empresa privada.

Estas son las características del dictamen elaborado por el oficialismo:

Fue confeccionado por los diputados oficialistas sobre la base de dos proyectos que la presidenta Cristina Kirchner había enviado en agosto y octubre de 2010.

El primero de esos proyectos, en su exposición de motivos, confesaba su finalidad: "Controlar el papel de diarios, insumo esencial, es controlar la información", se consignó.

En las primeras 20 de las 39 páginas de aquella exposición de motivos, el Gobierno confesó que inspiraba su iniciativa en un prejuicio: insiste en relacionar a los titulares del capital privado de Papel Prensa (los diarios Clarín y LA NACION) con crímenes de la dictadura, una acusación infundada que nunca fue probada ni por el Gobierno y ni por la Justicia. En las siguientes 20 páginas, se consignaron resoluciones de organismos de control que fueron revocadas por la Cámara Comercial.

El artículo 1° declara de "interés público" la producción y compraventa de papel. Esa es la justificación para disponer, a continuación, la regulación de esa actividad. A contramano de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente establecer controles sobre el papel para diario.

El artículo 10 establece que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación de la ley y, en el artículo 11, el Congreso le delega a esa cartera la posibilidad de dictar normas regulatorias.

Es decir, esta actividad ya no se regirá por las normas generales de defensa de la competencia aplicables a todas las empresas, sino que el Congreso y Economía dictarán normas y sanciones específicas para la prensa y la producción de papel. Esto va en contra del artículo 32 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso dictar leyes restrictivas de la prensa.

El artículo 12 crea la Comisión Federal Argentina, integrada por representantes de diarios de todo el país, pero cuya coordinación también será ejercida por el Ministerio de Economía.

En los artículos 16 h) y 41 se establece que el Estado, que hoy tiene una participación minoritaria del 27 por ciento en Papel Prensa, podrá ampliar su capital. ¿Qué ocurriría si le inyecta, como hace con Aerolíneas o con el Programa Fútbol para Todos, cientos de millones por año? Por esa vía podría licuar rápidamente el capital privado y quedarse con la producción de papel para diarios.

El artículo 22 dice que las papeleras deberán venderle a quien les quiera comprar, pero el artículo 23, casi incomprensible, establece que "los compradores de papel" (los periódicos) están "obligados a realizar pedidos" y al "retiro" del papel que compran, sin perjuicio de las acciones que puedan entablarles los fabricantes.

¿Estaremos frente a un Papel para Todos o, acaso, frente a una asignación universal de papel capaz de llevar al quebranto al productor que no puede cobrar sus ventas?

El Estado, accionista minoritario de Papel Prensa, se rige actualmente por las normas de derecho privado societario. Pero, ahora, el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, se regirá por las leyes de derecho administrativo y litigará ante la Cámara Contencioso Administrativo, sobre la cual el Gobierno tiene casi un pleno control.

El proyecto prevé sanciones que van desde una multa hasta la clausura.

Papel Prensa deberá producir al máximo de su capacidad.