Ese registro debería ser utilizado por las operadoras petroleras, mineras y pesqueras asentadas en esta provincia para que contraten recursos propios, es decir, firmas que tengan dos años de antigüedad en la provincia.

Es más, Contreras pide que las compañías estén "obligadas a contratar el setenta por ciento de mano de obra local -o que tengan 3 años de residencia-, en forma directa, o en su defecto, en forma indirecta, a través de las empresas radicadas en la jurisdicción provincial".

Aclaró que sólo si ocurre una "falta de mano de obra local" se permitirá "la contratación de personal de otras regiones".

También su proyecto determina "que en supuestos casos en que el objeto específico de la prestación no pueda ser cumplido por empresas santacruceñas, podrán contratarse empresas foráneas, las que deben cumplir los siguientes requisitos: constituir una base operativa en la provincia, donde se instalará administrativamente hasta finalizar su cometido, lo que incluirá todas las actividades emergentes para tal fin; someterse al régimen impositivo y tributario de Santa Cruz, y que las unidades que sean afectadas al servicio que prestan deberán estar radicadas, en forma definitiva, en las municipalidades de su jurisdicción".

La iniciativa ya tomó "estado parlamentario" en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

"A mi humilde criterio, los temas que hacen al futuro de la zona norte de Santa Cruz y a la provincia en su conjunto, son de suma importancia: entre ellos se encuentra la participación de los trabajadores y de los empresarios en las actividades enunciadas anteriormente, porque ello está directamente vinculado a las posibilidades de lograr un desarrollo sustentable en el tiempo, compatible con la explotación de nuestros recursos naturales y con las demandas de una sociedad en crecimiento", fundamentó.

"En esta iniciativa legislativa propongo que se deje establecida la obligación y la responsabilidad de las empresas que tomen las áreas de explotación, contratando u ocupando el setenta por ciento (70 %) de mano de obra de trabajadores oriundos o radicados en Santa Cruz.

En el caso de los radicados, deberán poseer una antigüedad mínima de tres (3) años, para ello deberá crearse un convenio con las organizaciones gremiales y un registro de postulantes, que deberá ser controlado por la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz".

"Lo expuesto surge de datos reales, los cuales demuestran que de aproximadamente 15.000 personas que trabajan en los yacimientos de Santa Cruz, más del cincuenta por ciento (50 %) son extra-provinciales, que vienen a cumplir su trabajo y no aportan demasiado a la economía de nuestra sociedad. El rol del Estado debe ser de contralor a través de los organismos del trabajo y de producción que permitan evitar conflictos sociales que afecten la paz social", reza uno párrafo de los fundamentos.

"Las actividades petroleras, mineras y pesqueras, pero fundamentalmente las dos primeras, por ser de carácter extractivo, tienen ciclos de mayor ocupación de personal, o sea que son de carácter fluctuante. La falta de reglamentación del servicio del dador del empleo genera, como hemos mencionado, diversas fricciones y conflictos sociales de difícil solución. Por ello, las empresas tienen como metodología trasladar el personal dependiente hacia diferentes yacimientos, con la finalidad de evitar el pago de sumas indemnizatorias y bajo el argumento de que se trata de personal capacitado para la actividad", explicó.