A pesar de las diferencias sobre la prioridad que oficialistas y opositores le asignan al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el debate sobre la declaración de “interés público” para la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y de papel para diarios ya se instaló en el Congreso. Los escarceos pasan ahora sobre las comisiones a las que será girada la iniciativa del Gobierno, donde comenzará el proceso de discusión en la Cámara de Diputados. El kirchnerismo aspira a girarlo a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamentos, de Comunicación y Legislación General, que presiden diputados propios y aliados, aunque recién definirán la estrategia parlamentaria hoy en una reunión de la mesa chica del bloque. Mientras que el Grupo A quiere que el debate se instale en Asuntos Constitucionales y Libertad de Expresión, donde la cohesión opositora aparece más firme. Por eso, anticipan que intentarán revertir en el recinto cualquier decisión del presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, que no incluya a estas comisiones. El jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara baja, Agustín Rossi, ratificó ayer la intención de abrir la puerta a las negociaciones y se mostró “optimista” sobre la posibilidad de avanzar “en algún nivel de consenso”, para que la iniciativa del Gobierno prospere. “Siempre estamos dispuestos a analizar con los bloques opositores distintas propuestas e iniciativas, en tanto y en cuanto no se tergiverse el núcleo del proyecto”, sostuvo Rossi.

Pero el santafesino no quiso ir más allá y mostrar de antemano la estrategia oficialista, sobre todo en la Cámara donde los números distan de serles favorables. Rossi y Fellner arribaron ayer por la noche a Buenos Aires, aunque recién hoy comenzarán a evaluar junto a la mesa chica del bloque el trazo fino de la estrategia legislativa.

Una de las variantes pasa por girar el proyecto a comisiones que –a entender del oficialismo– no frenen el debate. El listado incluye a Peticiones, Poderes y Reglamentos que preside el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, y Comunicaciones y Legislación General, en manos de aliadas como la radical K Silvia Vázquez y la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra. Entre algunos kirchneristas también circulaba la idea de no apurar el debate. Entre ellos también se analizaba la posibilidad incluso de trasladarlo al interior del país con audiencias públicas en distintas provincias, como se hizo en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Aunque la mayor certeza entre los oficialistas pasaba por buscar impedir que el proyecto quede “cajoneado” en la Comisión de Libertad de Expresión, que preside la radical Silvana Giúdici. “La declaración de interés público de la fabricación y comercialización del papel para diarios, en todo caso amplía los derechos, pero de ninguna manera involucra los contenidos y mucho menos afecta la libertad de expresión”, se justifican.

El núcleo duro opositor, en cambio, rechaza esa posibilidad. Silvana Giúdici reclamó ayer que el proyecto sea girado a la comisión que maneja. “Se trata de un tema que afecta las libertades de expresión y de prensa. No entiendo cómo el oficialismo pretende eludir ese giro y llevarlo en cambio a comisiones que nada tienen que ver con la producción de papel”, sostuvo Giúdici.

Una idea a la que abonó el también radical y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra, al destacar que el texto elaborado por el Gobierno “da lugar a una gran regulación por parte del Estado, y en materia de libertad de expresión la regulación por parte del Estado siempre es sospechosa”.

Lejos de todo academicismo, el macrista Federico Pinedo dijo que la iniciativa oficial “me parece un no proyecto, no se sabe qué es, es una especie de engendro que dice y autoriza al Ejecutivo a hacer un proyecto de marco regulatorio”. Por eso el Grupo A quiere sesionar esta semana a pesar de que la semana anterior sólo sentó a 19 diputados en el recinto– para imponer su mayoría y obligar al oficialismo a girarlo a las comisiones de Libertad de Expresión y a la de Asuntos Constitucionales, que preside la peronista disidente Graciela Camaño.

Pero las diferencias entre las distintas bancadas opositoras comienzan a manifestarse. “Regular el papel del Estado en una empresa mixta como Papel Prensa significa extender derechos y no reducir la libertad de expresión”, aseguró el diputado Eduardo Macaluse, que se mostró predispuesto a debatir el proyecto oficial. Aunque reconoció que el interbloque de Proyecto Sur recién analizará esta semana la posición que asumirá la bancada de centroizquierda.