La Municipalidad tiene paralizada y ordenó la readecuación de una obra casi terminada de un edificio que se propuso en los planos originales como oficinas por 755 metros cuadrados y al que los responsables técnicos del proyecto le agregaron un catastro e hicieron viviendas por 1644 metros cuadrados.
Sobre esa obra, en Almirante Brown al 400 de esta capital se presentó ante el Poder Judicial recurso de amparo en el que la artista plástica Silvia Katz, cuya casa colinda con el edificio solicitó que el juez ordene a la empresa Villahuasi, titular del dominio fiduciario del inmueble y a la Municipalidad de Salta el cese inmediato del daño al derecho constitucional de propiedad, de gozar de un medio ambiente sano y el sometimiento de los demandados a realizar la obra de conformidad a las normas vigentes.
Ya en diciembre de 2009 Katz advirtió por nota al entonces secretario de Planificación, Emiliano Venier, las diarias y peligrosas caídas de material. Dijo en esa fecha que "desde que se inició la obra hubo de mi parte pedidos, ruegos y súplicas, tanto al arquitecto responsable Federico Carbonell, como al propietario Arnaldo Martorell, que proteja de manera adecuada mi propiedad.
En el extenso escrito describió que "hace más de un año y medio nuestra vida ha cambiado a causa de esta obra que crece fuera de planeamiento; mi patio y mi fondo lleno de plantas sufren.
En febrero de 2010 insistió ante el director de Fiscalización de Obras Civiles, Marcelo Amado, con un tenor similar y sin respuesta.
Ahora Katz y su abogado patrocinante dejaron en claro que la obra se proyectó como oficinas y locales comerciales, que su propietario es Arnaldo Guillermo Martorell, que tenía planos aprobados, pero que ese proyecto nunca se ejecutó, que el titular de la obra anexó el catastro originario a otro, que allí se plasmó una obra sin planos aprobados y que incluso, después de la paralización municipal los días 22, 25, 26 y 29 de setiembre de este año se publicaron en venta los tres últimos departamentos, denominado Altos de Brown, sin tener los planos aprobados.
Sostiene el amparo, que la Municipalidad dejó que se ejecute una obra clandestina y contraria al ordenamiento jurídico y agrega un informe técnico de un arquitecto con todas las irregularidades, además del efecto sobre la vida familiar y profesional que provocó el edificio.
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