En la sesión de anoche la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el aumento extraordinario y “por única vez” del 20 por ciento el Impuesto Inmobiliario Rural, cuya recaudación estimada en poco más de 8 millones de pesos, será destinada para financiar planes de lucha contra enfermedades animales y de cultivos, salvo el 18 por ciento que será participado a los municipios de toda la provincia.

El proyecto de ley fue votado por la mayoría de los diputados presentes, con la disidencia del justicialismo que solicitaba cambiar el destino de los fondos, para dedicarlos a financiar proyectos de construcción de viviendas rurales por sistemas de autoconstrucción para familias campesinas carecientes, lo que hubiera devuelto el proyecto al Senado.

La fundamentación de la minoría estuvo a cargo del diputado Luis Badaracco, quien puntualizó que se trata de un impuesto que de antemano se fija su destino para ser devuelto al sector que lo aporta, caso que consideró único en el marco legislativo provincial.

La misma postura mantuvo el diputado Carlos Rubín a la hora del tratamiento en particular.

Al liberal Carlos Simón le tocó fundamentar el dictamen de la mayoría y señaló que la reforma instrumentada se acordó con los sectores productivos, y que el Senado introdujo una modificación al proyecto original que propiciaba un aumento de 30%, llevándolo al 20 que finalmente se aprobó.

Los diputados también aprobaron un proyecto de ley por el cual de dispone la exención del impuesto inmobiliario rural a quienes tengan campos de hasta 50 hectáreas.

Además de estas leyes también se sancionaron proyectos que tienen que ver con cuestiones sociales como la creación del Programa Provincial de Sensibilización sobre Trata de Personas; el servicio telefónico a víctimas de violencia familiar y la brigada móvil para el auxilio de las mismas; el programa provincial “Derecho Complementario por Nacimiento” y se establece el 10 de septiembre como “Día Provincial de la Prevención del Suicidio”.

Sancionarán una ley de gratuidad en trámites de la Asignación Universal por Hijo, otra que establece la prioridad de atención de jubilados y discapacitados en las entidades bancarias y se adhieren a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, entre otras.