La iniciativa, según trascendió, tiene como principal objetivo dejar de la lado la Ley 3.826, que data del tiempo de la dictadura, para dar lugar a la reestructuración de norma, particularmente en lo que respecta a los artículos 134, 135 y 136. En éstos, se contiene, por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo, con lo cual se habilitaría una negociación laboral y salarial digna y justa para el trabajador policial, admitieron los gremialistas.

Otras de las modificaciones contempladas tienen que ver con dejar de lado el arresto como sanción disciplinaria, otorgar el derecho a legítima defensa ante la exposición de sumarios administrativos y procesales, permitir que el personal en actividad cumplido los 28 años de servicio pueda jubilarse con el 82 por ciento móvil, evitando lo que sostiene la vieja ley, en el sentido de que el jefe de la fuerza pueda pedir el retiro del personal con 22 y 23 años de servicios, "con lo cual se permite la vulnerabilidad del porcentaje móvil, afectando directamente al trabajador policial al momento de acogerse a los beneficios jubilatorios", dijo Vogler.

También agregó el sindicalista que "en los conceptos generales de la norma se rige el derecho asistido en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, conceptos que en la actual Ley Policial no existen, vulnerándose de esta manera principios fundamentales de cualquier individuo".

Por último, agregó Vogler que se impulsa un nuevo re encasillamiento para el personal de la fuerza y una escala salarial conformándose el sueldo básico, además de horarios acordes y favorables para el personal, con sistemas de descanso; equipamiento y leyes de insalubridad para quienes desarrollen tareas en morgue, sanidad, bomberos, lacustre y otros.

De concretarse lo manifestado por los sindicalistas el proyecto entraría la próxima semana a la Cámara.