La valuación actuarial traza un crudo escenario actual del estado de la Caja de Previsión Social. Y realiza las proyecciones hasta 2033. De no mediar modificaciones en el sistema, el déficit se incrementaría 6 veces en ese plazo. En la actualidad el único sistema que da una ecuación positiva es el Municipal, pero esa situación cambiaría en 8 años.
Al 31 de diciembre, los aportes de los 41.520 agentes activos, entre provinciales y municipales, alcanzó los 109,6 millones de pesos. Ese mismo mes, el haber de los 14.385 jubilados demandó 148,8 millones de pesos, estableciendo así un déficit nominal de 39,1 millones de pesos mensuales.
Los más férreos opositores a un cambio que afecte los “derechos adquiridos” de acceso a beneficios previsionales deberán buscar, entonces, la manera de afrontar un déficit que para el 2012 está proyectado en $ 505.959.271 millones de pesos, considerando todos los regímenes y todos los aportes adicionales con los que cuenta el sistema.
Pero este número se multiplicará por 4,36 veces para el año 2030, llegando a los 2.206 millones de pesos y rozando los 3.000 en sólo tres años más ($ 2.946.791.107). Por lo que cualquier alternativa que se plantee debería tener una visión a largo plazo que permita ese nivel de recaudación.
Comportamientos
El informe dividió en cuatro grandes sistemas las actuales 14.385 jubilaciones: Municipal, Policía, Docentes y Administración Pública (que abarca todo menos los primeros tres).
De esta forma, tomando el período 2012-2030 se puede observar que, en la actualidad sólo el régimen municipal tiene una ecuación positiva.
Su diferencia entre los aportes de los activos y los haberes pagados a los jubilados municipales da un saldo favorable proyectado para este año de 125,3 millones de pesos. En tanto que la Policía muestra un déficit de 156,1 millones de pesos, la docencia de 129 millones y la Administración Pública de 503,3 millones en rojo.
La valuación actuarial plantea un escenario en el que cada jubilado se reemplaza por un nuevo activo. De esta manera, la cantidad de empleados públicos permanece estable en el tiempo, mientras que la curva de la cantidad de pasivos va creciendo en forma importante.
Con el crecimiento de la cantidad de jubilados, la ecuación negativa, si no se toman medidas que la amortigüen, sube en forma alarmante.
En el caso del régimen de la administración pública para el 2030, el déficit se habrá multiplicado por 2,08 llegando a los 1047 millones de pesos. En tanto que para el de la Policía el crecimiento de la ecuación negativa será de 2,35 veces, alcanzando los 367 millones de pesos de déficit.
En el caso del régimen docente, la variación también será importante, elevando los actuales -129 millones a -747 millones en el balance final del estado financiero de la Caja de Previsión Social, creciendo así 5,79 veces.
Finalmente el fantasma de las cuentas en rojo llegará también al único régimen que se mantiene hoy en color azul. El municipal. Cabe aclarar que todos estos cálculos fueron tomados considerando que los aportes patronales y personales de cada régimen, en especial el Municipal, ha sido pagado en tiempo y forma, aunque la realidad actual dista mucho de ser esa.
Aclarado esto, hoy el sistema de jubilaciones municipales muestra una balanza positiva de 125,3 millones de pesos, pero ese resultado irá cayendo, año tras año, considerando el 2019 el último en el que se daría un resultado de este tipo. Para el 2020, si no se toman medidas, el régimen municipal también dará negativo, en el orden de los 9,6 millones de pesos y para el 2030, esa cifra se habrá transformado en -281,4 millones de pesos, colocándolo así, al frente de los sistemas que peor comportamiento presentará en las próximas dos décadas.
Alternativas
En las condiciones actuales, y manteniendo siempre la premisa de que ingrese un trabajador activo por casa jubilado que ingrese al sistema previsional. La curva de crecimiento demuestra que en 25 años, habría tantos activos como pasivos, sumando así un tema más para el debate de la falta de sustentabilidad que muestra el régimen.
Los actuariales además de dar una proyección del comportamiento de las variables que componen el abanico de regímenes que se conjugan en la Caja de Previsión Social, también “aconsejan” cuáles serían las medidas que por separado o en un mix deben tomarse para tornar la curva hacia una pendiente de equilibrio.
Pero hacen una salvedad al final de todas las recomendaciones. El actual escenario de desequilibrio en las cuentas impone que, además de las “correcciones” que se deben aplicar a la ley de jubilaciones, se deberá buscar “nuevos ingresos adicionales” que permitan afrontar la tasa de equilibrio en forma “ineludible”.
Entre los puntos a abordar y analizar, se encuentra la necesidad de volver a revisar el nivel de tasas de aportes y contribuciones; plantear una nivelación del aporte de equilibrio, que se fijó en un 36% (global entre personal y patronal) para los nuevos ingresantes, de tal manera que no agreguen déficit al sistema.
Se planteó como “indispensable” afrontar un cambio de edad para acceder al beneficio, más acorde a las existentes en la mayoría de los regímenes nacionales y de otras provincias. Y en caso de no hacerlo, aplicar una penalidad, que no debería ser menor al 5% por cada año que falte para llegar a la edad recomendada, de 65 años.
Como segundo punto, aparece lo dicho al principio de este ítem. “Generar más recursos exógenos”, como pagos de terceros, que podrían mitigar, más no reemplazar, los cambios que se impone se apliquen a la ley.
Consensos
El gobierno ha repetido hasta el cansancio que buscará consensos para avanzar en una reforma que se advierte deberá ser radical para que surta efectos reales y concretos. Los gremios más combativos son los más reacios a aceptar que habrá beneficios particulares que deponer en aras de lograr el beneficio del conjunto. Ellos apuntan a lograr recursos de las grandes empresas como mineras y petroleras, a partir de las importantes ganancias que ellas ostentan a partir de los recursos naturales de la provincia.
La postura asumida por Camicruz a partir de la solicitud de integrar un fondo social para la provincia, del orden de los 150 millones de pesos anuales, pone en seria duda la predisposición que estas puedan tener, para hacer un aporte que deberá ser importante y creciente si se quisiera mantener el régimen actual, sin modificaciones, que arranca con una necesidad, sólo para este año de 500 millones, que serán 878 millones en sólo tres años más.
El debate, visto así, deberá ser arduo pero también afrontado con la mayor sinceridad y responsabilidad, para que los resultados sean los que los jubilados actuales y los futuros requieren.
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