En la semana que termina sonó la alarma en el sector telefónico y en el ámbito del Estado relacionado con el servicio de comunicaciones, ya que al influjo de lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la empresa Telefónica de Argentina mostró sus intenciones de eliminar teléfonos públicos.

Todo el mundo sabe que la telefonía celular se ha difundido en la Argentina hasta niveles que difícilmente se puedan superar y que el promedio ya alcanza a dos teléfonos móviles por persona, lo que hace vetusto al sistema de telefonía fija, pero una cosa es el desarrollo comunicacional y otra es la obligación de mantener servicios mínimos.

En Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad, está removiendo progresivamente los teléfonos públicos y según el último relevamiento, quedan apenas 2 mil en las calles. Las estadísticas indican que en 2004 había unos 10 mil teléfonos públicos y en 2009 se redujeron a 4.800. La campaña para remover los restantes se está llevando a cabo primero en el microcentro y avenidas céntricas.

Pero hay un motivo que fue explicado por el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli: “hoy su uso cambió mucho, antes era imprescindible para comunicarse. Pero hoy están asociados a la inseguridad y publicidades ilegales, muchas de ellas de prostitución”.

En San Juan

En la provincia los teléfonos públicos no son usados para poner publicidades vinculadas a la trata ilegal de mujeres que se prostituyen y si bien hay vandalismo, no es mucho.

Marcelo Trujillo desde el gremio telefónico, dijo que “hace cuatro meses atrás tuvimos conocimiento que la empresa pretendía levantar el servicio de teléfonos públicos en la provincia, en algunos casos por vandalismos y en otros por falta de recaudación”.

La empresa había emitido una orden de levantamiento “de aproximadamente 150 teléfonos públicos” de los entre 400 y 500 que hay en la ciudad, ya que el número no está establecido por la cantidad fluctuante de aparatos que funcionan en la modalidad de semi-públicos.

A raíz de eso en el gremio “en defensa y resguardo de nuestra fuente laboral, porque tenemos un sector de compañeros que se dedican a la atención del servicio, hicimos una presentación, tanto a la empresa como al Gobernador de la provincia, para que tuviera conocimiento de que iba a dejar de existir en la provincia una gran parte de un servicio que es obligación prestar la empresa”.

Trujillo dejó en claro que “el teléfono público es el que debe estar al servicio de la gente las 24 horas al día”.

La Provincia

En los ámbitos estatales, la noticia repercutió con fuerza en la Subsecretaria de Telecomunicaciones que conduce el ingeniero Carlos Larrison, quien dijo: “Vimos con alguna inquietud este tema, en función que el servicio puede estar siendo de utilidad para alguna porción de la gente”.

Larrison reconoce que “es cierto que con el avance de la telefónica móvil, por ahí no hace falta, pero hay que tener en cuenta que no se puede prescindir de un teléfono público, por el beneficio que aporta o que puede aportar en algún momento”.

“En ese contexto solicitamos a la empresa que nos informara cuál es el plan estratégico de movimiento de estos teléfonos, pero no hemos tenido respuesta hasta el momento”, indicó.

Por último y aunque “es un servicio público que está en la órbita de la Nación y depende de la CNC, Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la que regula el servicio de telefonía en la Argentina, nosotros pretendemos tener alguna injerencia a la hora de las decisiones”.

Esto es así porque “desde el Gobierno de San Juan, estamos interesados en que sea un plan conjunto, porque hay lugares donde entendemos que debe haberlos, como lugares estratégicos como son las plazas departamentales, los lugares cercanos a comisarías, la terminal de ómnibus, los hospitales públicos y las salas de primeros auxilios”.

La Nación

En la CNC, la insistente consulta no tuvo respuestas. De un lugar a otro, de un número telefónico a otro, para encontrar alguien autorizado a hablar con la prensa y la respuesta fue que “es un tema que está en estudio y aún no autorizado. Más adelante habrá una respuesta oficial”. Mientras tanto, en la provincia también esperan la respuesta a la presentación hecha por escrito sobre los detalles del plan denunciado por el sindicato y que ya se está concretando en Buenos Aires.