En la reunión de seguridad que se realizó en el Concejo Deliberante, el secretario de Gobierno Raúl Oviedo anunció la posibilidad de la apertura de una Alcaldía en el distrito, para reducir el número de personas detenidas en las comisarías.

Hace no mucho tiempo (en octubre de 2011) se dio por inaugurada una en Avellaneda, más precisamente en la zona del Parque Comercial de Sarandí, sobre la colectora de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Vale destacar que también existe una en la zona de La Plata sobre la ruta 36 y calle 47 de Olmos.

En este sentido, en medio del debate sobre los detenidos en las comisarías, el funcionario municipal destacó que "estamos conversando con la Provincia para ver si se puede construir una en Quilmes".

Desde la provincia destacan que "el objetivo central es cerrar los calabozos en las comisarías", y en la inauguración realizada en Avellaneda se anunció que "en el marco del programa que contempla la construcción de veinte alcaidías más".

La posibilidad de abrir una alcaidía fue impulsada además en la reunión por Juan Carlos Aponiuk, funcionario del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires quien insistió en los beneficios que podría ocasionar para las comisarías del distrito la apertura de una alcaidía en la ciudad.

Desde el Ministerio de Seguridad Provincial destacan que las alcaidías "aseguran el control y monitoreo por parte la Justicia e impone un sistema de gestión que se orienta a la plena satisfacción de los estándares internacionales en materia de humanización de las condiciones de encierro" y que "al mismo tiempo, posibilita que el personal policial, que actualmente se encuentra destinado al cuidado de personas privadas de su libertad en dependencias policiales, pueda dedicarse a sus tareas específicas de prevención de delitos. Los detenidos son supervisados por el Fiscal y el Defensor".

Fallida en Ezpeleta

Años atrás, durante la gestión de Sergio Villordo se había impulsado la construcción de una alcaidía en la zona de Avenida La Plata y República de Francia en Ezpeleta Un fuerte rechazo vecinal hizo que la determinación del gobernador Felipe Solá tuviera marcha atrás. Los vecinos se negaban a la construcción del centro de detenidos, señalando que en el viejo predio de la familia Girón (donde funcionaban hornos de ladrillos) se debía construir un parque recreativo.

El acuerdo había sido firmado con el ministro de Justicia bonaerense, Luis Di Rocco en 2004. En aquel momento se anunciaba que la alcaidía iba a estar construida bajo los lineamientos del denominado sistema panóptico, es decir aquellos que se dividen en sectores y pabellones y que permite una visión de 180 grados a los custodios de los detenidos. Ocupará una extensión de 4 hectáreas dividida en dos grandes sectores, y subdividida, a su vez, en pabellones individuales para hombres mayores de edad, pabellones para mujeres y para varones menores de edad.

El proyecto hablaba de varias celdas individuales para la internación de personas en crisis, como son los casos de drogas y alcohol; una sala médica con una capacidad de seis camas; un salón de usos múltiples, el que podría ser utilizados para llevar adelante un juicio oral y público o conferencias; y un sector de oficinas para uso del Servicio Penitenciario bonaerense, entre otros.

La iniciativa dentro de un proyecto provincial

Desde lo organizacional, la conducción de la Dirección de la Alcaidía está a cargo de un profesional de la Abogacía dependiente del Ministerio de Justicia, avanzando sobre la desmilitarización de las estructuras penitenciarias, y asegurando los estándares de calidad en Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Derecho Penal y Procesal Penal, Derecho de Ejecución Penal y solución alternativas de conflictos. La dirección civil se acompaña con áreas del Servicio Penitenciario para la cuestión asegurativa.

Además funciona un área médica encargada de la revisación inicial de ingreso y de los seguimientos y tratamientos que cada uno requiera.

Además, el proyecto de alcaidías provincial cuenta con una dependencia del Ministerio Público Fiscal y una del Ministerio Público de la Defensa para asegurar un control y monitoreo externo permanente en lo que respecta a condiciones dignas de detención, generando la judicialización de las actuaciones prevencionales, la inmediación y celeridad de trámites.