El imputado, de unos 35 años, podría ser imputado además de "reducción a la servidumbre", por la explotación que hacía de las víctimas y el manejo del dinero que obtenían las jóvenes.

La audiencia realizada ayer a la mañana fue presidida por el juez de Control Sustituto, Diego Ambrogetti, y la formalización de la nueva investigación fue realizada por el fiscal de Delitos Complejos, Maximiliano Boga Doyhenard. Se trata de un caso que reúne condiciones de sometimientos bajo amenazas e intimidaciones.

Según se pudo establecer, la primera mujer que se animó a realizar la denuncia convivía con el victimario desde hacia nueve años mientras que la segunda víctima había llegado a la localidad norteña hace unos dos años. Todos convivían en una misma vivienda junto a una menor, hija de la primera mujer.

Bajo violencia.

De acuerdo con una fuente judicial, la prostitución de ambas mujeres se lograba bajo violencia física, psicológica y económica. Personal de Acción Social y del programa Inaum de General Pico alertaron a la policía de la situación que se vivía en la particular familia.

Tras la intervención de la fiscalía se ordenaron dos allanamientos. Uno de los procedimientos se realizó en la vivienda que compartían las víctimas con el proxeneta. El otro operativo se concretó en un taller mecánico, donde el imputado realizaba algunas tareas. Allí se secuestró una motocicleta Yamaha 150 de cilindrada, que habría sido adquirida con el dinero que recaudaban las mujeres.

Se pudo establecer que las víctimas fueron asistidas por personal profesional para su contención y asistencia psicológica. El imputado permanece en prisión preventiva por un lapso de 30 días, aunque desde la fiscalía se había solicitado extender esa medida hasta la finalización del proceso judicial. El caso fue llevar al acusado a varios años de prisión de efectivo cumplimiento si finalmente es hallado culpable.

Intervención.

Por otra parte, no se descarta que la investigación se amplíe en virtud de las conductas que rozarían la depravación por parte del detenido, que agravarían su situación procesal. La cuestión de la prostitución en Ingeniero Luiggi había merecido hasta la intervención del Procurador de la Nación, cuando una investigación por un presunto delito de trata de personas y prostitución derivó en una cuestión de competencia entre la Justicia Ordinaria de General Pico y el Juzgado Federal de Santa Rosa, donde finalmente recayó la causa por orden de la Corte Suprema de Justicia.

En aquel momento una denuncia anónima indicaba que mujeres que residían en la localidad cordobesa de Vicuña Mackena eran trasladadas en remís hacia un cabaré de Luiggi, donde eran explotadas sexualmente.

Insólitamente, la pesquisa arrojó que en el local sospechado se detectó que dos mujeres mayores de edad "ofrecían servicios sexuales por propia voluntad y que, según el testimonio de una de ellas, se movilizaba por sus propios medios".

La liviandad de la investigación mereció el rechazo y el llamado de atención del Procurador que en su resolución hizo hincapié en los defectos cometidos al momento de actuar la policía.