La tormenta desatada por la promoción industrial aquietó las pujas entre los caciques territoriales y dio más tiempo a Pérez para buscar una solución. Pero ya se evalúa una nueva fecha para la reunión suspendida y algunos presionan para que sea cuanto antes.
Es que la semana pasada ardió Troya en el peronismo. Esperaron a que pasaran los festejos vendimiales y, de repente, los intendentes de Las Heras, Rubén Miranda y de Guaymallén, Alejandro Abraham, salieron en férrea defensa de la aceptación de la megaminería en la provincia.
Esa posición fue contrarrestada por los dos jefes comunales que el oficialismo tiene en el Valle de Uco, Martín Aveiro (Tunuyán) y Joaquín Rodríguez (Tupungato), quienes públicamente advirtieron, a tono con el reclamo de sus departamentos, que no permitirán la llegada de las empresas mineras y que defenderán el agua. En el medio quedó el Gobernador, quien convocó para el sábado pasado a un encuentro a todos los jefes comunales pero que luego canceló por el tono que habían tomado las acusaciones y porque, incluso, había quedado su liderazgo en debate.
Pero, como se conoció hace una semana la Corte nacional rechazó el amparo presentado por la Cámara de Comercio de San Rafael y habilitó el régimen de promoción industrial en las provincias vecinas. Pérez quedó inserto en esa situación conflictiva que desvió la discusión con los jefes comunales. La mayoría de los encuentros que mantuvo fue por este asunto y sólo conversó con los caciques del PJ de manera individual.
"Está todo bastante tranquilo", afirmó Abraham ante Los Andes. "Tenemos que dejarnos de discutir por los medios", sumó el intendente de San Martín, Jorge Giménez. "Se han calmado las aguas", agregó Aveiro, en son de paz. Es que, según dicen los intendentes, no hay lugar para hacer debates públicos respecto de la minería cuando "el Gobernador está delineando estrategias respecto de la promoción" y además, ha tenido mucha repercusión el asesinato del joven Matías Quiroga. Tanto es así que ayer por la tarde se hizo una marcha por la peatonal de Ciudad que fue multitudinaria (ver página 14).
En este contexto, los jefes comunales están practicando una especie de tregua entre ellos y con Pérez pero ya algunos están pidiendo por lo bajo que el Gobernador reedite su idea de llamarlos a una reunión para tratar el asunto de la minería, pero también el reparto de las obras públicas que muchos consideran atrasadas.
Están poniendo como fecha tentativa la semana próxima, aunque algunos se ilusionan con que el encuentro se adelante para el fin de semana cuando el mandatario regrese del viaje a Chile en el que será parte de la comitiva que acompañará a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Es que una de las mayores preocupaciones que tienen los intendentes por estas horas es el pedido expreso del Gobernador de no ser "puenteado" ante la Nación. Pérez quiere ser el único vocero mendocino habilitado para solicitar obras ante la Casa Rosada y ya transmitió a los intendentes que no quiere que ellos vayan a la Nación a golpear puertas de manera individual. Esa situación ocurría con el ex gobernador Celso Jaque, quien daba la libertad a los caciques de gestionar sus propios recursos de manera personal. Por eso, muchos de ellos esperan una reunión en la que se hable de estos temas.
En Casa de Gobierno evalúan una pronta convocatoria en la que incluirían además la discusión de un proyecto de ley de reforma constitucional, algo que "una" a los intendentes y que podrá ser anunciado en un mes y medio por Pérez cuando abra el 1 de mayo próximo el período de sesiones ordinarias en la Legislatura.
Pero en medio de la puja de los intendentes por mayores recursos, el sanmartiniano Giménez sumó otro reclamo: pidió a Pérez que las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica incluyan en la boleta las tasas municipales. "En San Martín nos permitirá recaudar más de 18 millones de pesos por año que perdemos porque muchos vecinos no pagan", se esperanzó.
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