Las provincias productoras de hidrocarburos no tendrán mucho campo de acción en la nueva YPF, por lo menos este año. Es que cuando el 4 de junio se reúna la Asamblea de Accionistas convocada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para designar los nuevos directores de la empresa petrolera, se prevé que ésta se dé 180 días más para definir de qué manera distribuirá las acciones entre los Estados provinciales, una puja que mantiene en vilo a los gobernadores petroleros y que motivó molestias entre las provincias no productoras por quedar excluidas de las eventuales futuras utilidades.

Ningún funcionario de la Casa Rosada se los ha informado oficialmente, pero muchos funcionarios de las diferentes provincias nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) dan por sentado que no será hasta fin de año cuando se sabrá cuántas acciones tocarán a cada una.

La ley de expropiación de las acciones que pertenecían a Repsol dice en su artículo 9 que “el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través del organismo que designe, ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos correspondientes”.

Por otro lado, sería un hecho que las provincias tendrán tres funcionarios en el nuevo directorio que se designará el 4 de junio, sobre un total de nueve sillones que ocuparán los representantes del Estado (cinco serán del Gobierno nacional y uno de los trabajadores del sector). Lo que además está confirmado es que al menos los directores de las provincias tendrán rotación semestral.

Una fuente del gobierno salteño dijo que “lo más probable es que la Presidenta o Julio De Vido (el interventor de la empresa por estos días) nos digan unos días antes de la asamblea cuáles son las tres provincias que pondrán la primera camada de directores”.

Éste sería el camino encontrado por la Casa Rosada para conformar a todos los Estados productores, tanto a los cuatro que concentran el grueso de la producción (Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza) como a los seis que aportan pequeñas porciones. Sin embargo, la pelea de fondo es por la cantidad de acciones que tendrá cada provincia. La ley sólo fija que deberá ser una distribución equitativa teniendo en cuenta los niveles de producción y las reservas comprobadas de cada Estado.

Por otro lado, la rotación semestral de los directores provinciales dará más poder al Gobierno nacional en la toma de decisiones -explicó otra fuente consultada- ya que los representantes de la Ofephi “no terminarán de conocer la empresa cuando pronto deberán dejar su silla a otros”. Esto se suma a uno de los puntos clave de la ley que también fija el artículo 9: las acciones estatales están sindicadas por 50 años por lo cual provincias y Nación deberán votar siempre en el mismo sentido.

Aval a los DNU

La Cámara de Diputados aprobó los dos decretos de necesidad y urgencia dictados por la presidenta Cristina Fernández por los cuales dictó la intervención de YPF SA y de YPF GAS SA (que vence el 16 de junio). A mano alzada, el kirchnerismo y sus aliados lograron dar aval a los dos DNU, normas que necesitaban que una de las dos Cámaras legislativas los convalidara para cumplir con el procedimiento que establece la Ley 26.122 (que fija el régimen legal para los decretos especiales).

La oposición, en cambio, pese a que en gran medida apoyó la expropiación de la empresa, decidió rechazar ambos DNU, aunque no le alcanzó para impedir la ratificación de los mismos por el Parlamento.

El radicalismo dijo que las medidas dictadas por la Presidenta son “un abuso de poder”. Los diputados Jorge Albarracín y Juan Pedro Tunessi sostuvieron que las intervenciones debían emanar de decisiones judiciales y que era improcedente que el Gobierno buscara la aprobación del Poder Legislativo dado que éste no se puede entrometer en un asunto del derecho privado ( ambas empresas son sociedades anónimas).

Lo mismo sostuvo el Pro y el peronismo disidente. En cambio, el Frente Amplio Progresista, en boca de Claudio Lozano, sostuvo que no aprobaba que se pusiera a Julio De Vido al frente de la intervención a quien se acusó de ser el encubridor del vaciamiento de YPF perpetrado por Repsol.