El plan que anunció el Gobierno nacional para refinanciar la deuda de las provincias tendrá un efecto parcial sobre los números de las gobernaciones. Para algunos, incluso, la medida terminará por perjudicar a las provincias que tienen sus cuentas ordenadas.
El stock total de deuda acumulado de las 24 provincias ronda los $ 100.000 millones, de los cuales $ 70.000 millones son con el Estado nacional. Un 89% de ese monto quedó bajo el programa de refinanciación anunciado.
Las provincias que se plieguen a la propuesta podrán olvidarse de su rojo durante casi dos años –el primer pago será en enero de 2012– y darle otro destino a sus recursos.
Además, habrá una reducción neta de deuda del 40% a través de intereses. Pero no hay una eliminación del peso del capital sobre las espaldas de las gobernaciones, que patearán hacia adelante esas cargas.
Las cuentas, en todos los casos, están hechas en base a cálculos privados, dado el bajo nivel de información que pone a disposición del público el Ministerio de Economía desde 2008.
Para algunos distritos, como Buenos Aires y Córdoba, que tienen los rojos más importantes, se trata de una noticia inmejorable. En cambio, Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe, La Pampa y Santa Cruz no sacarán el mismo beneficio.
En el medio quedará un grupo de provincias con un destino variado a partir del anuncio de anteayer: algunas con superávit primario –ingresos menos gastos, sin tomar en cuenta el pago de intereses– terminarán el año con números azules.
"De todas formas, el resultado consolidado de las 24 provincias continuará siendo deficitario debido al lastre que ocasiona Buenos Aires", explicó Fausto Spotorno, del estudio de Orlando Ferreres.
BONOS
De los casi $ 73.600 millones que las provincias le deben a la Nación, unos $ 40.000 millones corresponden a los Bogar 2018 –canje de deuda financiera– y los Boden 2011 y 2013 (63% entre los tres), que recibió el Banco Central como contraparte de los pesos emitidos para rescatar las cuasimonedas. Esos bonos tienen una particularidad: ajustan de acuerdo con el CER, vinculado a la medición oficial de la inflación que hace el Indec. El Central también estará afectado: recibirá nuevos bonos a más largo plazo.
Este año, además, debía producirse la amortización del Bogar de marzo, que como consecuencia derivaría en un aumento de los servicios totales con el Gobierno de 7.500 en 2009 a $ 10.500 millones en 2010.
El restante 37% se refiere a los programas de asistencia financiera (PAF) que la Nación viene firmando año tras año con las provincias más necesitadas.
Entre los economistas aún no logran determinar si el anuncio es conveniente o no para la mayoría de las provincias. Es porque casi todo indica que tendrán que resignar sus reclamos con respecto a una nueva Ley de Coparticipación y una mayor coparticipación del Impuesto al Cheque a cambio de la reprogramación de una deuda que "se fue licuando junto con la inflación", apuntó Marina Dal Poggeto, del estudio Bein.
En cuanto a los Boden y los Bogar, la intervención del Indec hizo que las provincias ahorraran millones. De acuerdo con IERAL, a fines de 2009, el stock de ambos títulos sumaba $ 39.865 millones, pero si se hubiese empleado un coeficiente que refleje el real ajuste de precios desde 2007, ese monto llegaría a los $ 56.984 millones. Ahora se aplicará una tasa del 6% anual, aún más conveniente.

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