El desendeudamiento que el Gobierno nacional eligió como camino no es compartido por las provincias. El aumento del gasto en las provincias y su menor peso en el reparto de la coparticipación hace que cada año las jurisdicciones registren menor velocidad de crecimiento de los ingresos que del gasto. En ese marco, la consultora Economía & Regiones estima que este año el déficit provincial rondará los 21.000 millones de pesos.

En el caso de Córdoba, es clave para que las finanzas reciban oxígeno el acuerdo con la Nación. Aunque el gobernador José Manuel de la Sota planteó que era “optimista” sobre un consenso para empezar a cobrar los 1.700 millones de pesos adeudados por el Gobierno central (de ese total, 1.342 millones corresponden a la Caja de Jubilaciones), en las últimas semanas no hubo avances en las conversaciones. De hecho, el viernes último venció una nueva cuota de Anses, pero para este 2012 no hay ninguna documentación firmada.

De la Sota, al asumir, dijo que sin el envío de los fondos por parte de la Nación, la Provincia podría manejarse hasta marzo con sus propios recursos y los coparticipables. Ahora ese plazo se estiró hasta mayo -cuando el vencimiento de Ganancias permite contar con ingresos extra-, pero sigue sin haber señales de consenso.

Economía &Regiones, consultora dirigida por Rogelio Frigerio, señala que la tasa de expansión anual cayó 1,6 puntos porcentuales, “reflejando el impacto del enfriamiento del nivel de actividad sobre la recaudación impositiva”. En valores absolutos, la coparticipación alcanzó en 2011 los 134.127 millones de pesos, lo que significa el 7,6 por ciento del PBI. La proyección para este año es de una mejora del 29 por ciento de esos giros. A esos recursos se le deben sumar los provenientes del Fondo Solidario de la Soja que -el año pasado cayó de 7.458 a 7.309 millones de pesos por la baja del precio de la oleaginosa. Este año habría un alza.

Para Frigerio la relación entre la Nación y las provincias hoy representa “la cristalización del desequilibrio fiscal vertical”, lo que determina que las administraciones reciban recursos insuficientes con relación a sus funciones de Gobierno.

Agrega que la situación se complejiza porque el 95 por ciento de los ingresos tributarios de las provincias son sensibles a la evolución del nivel de actividad, mientras que tan sólo el 62 por ciento de la recaudación nacional depende de lo que ocurra con la tasa de crecimiento. Además, el 45 por ciento del gasto federal es flexible hacia la baja, mientras que en las jurisdicciones es el 30 por ciento. La explicación de la diferencia es el peso de los salarios en el global.

En ese marco, E&R entiende que este año las provincias requerirán 21.000 millones de pesos para cerrar sus cuentas en orden. La Nación autorizó a reprogramar las deudas y extendió el plazo de gracia para cobrar intereses hasta 2013, lo que permitió que las necesidades de financiamiento bajaran siete mil millones de pesos.