Esta vez, intendentes y gobernadores manejarán una enorme caja de poco más de 1500 millones de pesos, que se deberán destinar a subsidiar los colectivos. La polémica se da porque no hay ninguna norma que les diga como hacerlo. Podría ser el imperio de la discrecionalidad.

Allá por fines de 2001 y principios de 2002, caía la convertibilidad y la Argentina empezaba a transcurrir una emergencia económica histórica. En aquella excepcionalidad nació la emergencia del transporte de colectivos urbano y la necesidad de subsidiarlo por primera vez desde su creación. A poco menos de 20 años, el gobierno del presidente Alberto Fernández estableció un esquema de liquidación tan abierto y poco claro que las sospechas sobre la discrecionalidad en el reparto se desplegaron inmediatamente.

La situación es la siguiente. Por un lado, el abanico de emergencias que aprobó el Congreso sobre fines de diciembre incluyó al transporte. El primer paso, entonces, fue dado por el ministro del área, el exintendente de Junín, Mario Meoni, mediante la resolución 14/2020. A grandes rasgos decidió que se entregue como compensación a los colectivos que están fuera del área metropolitana de Buenos Aires la suma de $1516 millones de pesos, pagaderos en cuatro cuotas iguales de 379 millones cada una.

Hasta ahí, una decisión de compensar a los colectivos del interior, que, a diferencia de lo que históricamente sucedió, esta vez será acreditado en las cuentas bancarias de las provincias y los municipios para que ellos compensen a las empresas. El punto neurálgico del esquema es que la norma adolece de un sistema de cálculo para saber cuánto le toca a cada empresa y, lo que es peor, cómo se va a distribuir el monto asignado. Una regulación que casi se podría titular "según la cara del transportista". Los colectiveros sonríen en el interior.

La primera modificación es la participación de las provincias y los municipios. El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior fue creado por el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Entonces, además de otorgar un presupuesto mediante un fideicomiso, se delegó en el Ministerio de Transporte la regulación sobre cómo se iba distribuir.

Meoni y sus reguladores tomaron aquella herramienta. Lo primero que hicieron fue buscar a los intermediarios. En este caso, al igual que lo que ocurre en otras áreas del gobierno del presidente Alberto Fernández, la ventanilla se hará por las provincias y municipios. En los despachos oficiales, especialmente en los ministerios de Transporte y de Obras Públicas manejados por los exintendentes de Junín y San Martín, Mario Meoni y Gabriel Katopodis, se pronuncia seguido la palabra "territorio", en referencia al conocimiento de campo que tienen las administraciones comunales o provinciales. A ellos irá el dinero, justamente a una cuenta bancaria que deben informar en el corto plazo. Hasta ahí, cambios procedimentales.

Sin embargo, cuando se sigue, o se intenta seguir, con la trazabilidad del dinero hacia abajo, es decir, cómo se repartirá el monto entre los dueños de las empresas de los colectivos, lo que se ve es apenas un voluntarismo regulatorio. La resolución y sus anexos tienen elementos insuficientes para el control, más aún cuando se trata de un sistema de transporte sospechado de convivir con prácticas que no se han caracterizado por la transparencia y las buenas prácticas.

Las escuetas partes que se refiere a las formas dicen lo siguiente: "Que con el objeto de verificar que las transferencias efectuadas por las jurisdicciones provinciales que resulten beneficiarias del Fondo de Compensación en trato resulten concordantes con lo establecido al respecto por la normativa vigente a tal efecto corresponde establecer un procedimiento conforme el cual las jurisdicciones provinciales remitan a la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional, y esta a la de Gestión y Articulación del Transporte, durante cada uno de los períodos mensuales de aplicación del fondo referido, un informe relativo a la distribución que hubiesen realizado de los montos que surjan del mismo". Escaso, demasiado poco como para conocer y auditar la posterior distribución de los 1516 millones de pesos.

Adhesiones y convenios

Por estas horas rige un plazo de 20 días que estableció la resolución para que las provincias y los municipios se adhieran al sistema. Para eso se estableció un "convenio" que también forma parte de la norma como anexo III. Justo en ese acuerdo entre Nación y provincias o municipios, el ministro Meoni tenía la posibilidad de establecer el sistema de reparto. Pero no fue así, quizá resabios de su vieja función de intendente y de la sensación de que el dinero pasaba directamente a las empresas de colectivos y sin tocar en ningún momento las tesorerías de los estados. La cláusula segunda de ese acuerdo establece que las jurisdicciones se comprometen a efectuar la distribución de fondos que le sean transferidos de dos formas.

Por un lado, lo que compete a las provincias: "Los Estados provinciales efectuarán la distribución de las acreencias liquidadas a casa uno de los municipios o a las empresas prestatarias del servicio público por automotor de pasajeros de tipo provincial".

Pero si faltaba un final abierto a la forma en que liquidarán esos millones, pues los nuevos reguladores insertaron el tercer párrafo de la cláusula segunda del convenio: "Los municipios, sea que perciban las acreencias de los Estados provinciales o directamente del Estado nacional [sic] distribuirán las referidas acreencias entre las empresas de sus jurisdicciones".

Así las cosas, más allá de que no está escrito el sistema de división a las empresas, lo que sí queda claro es cómo será la distribución territorial del monto. El principal beneficiario será la provincia de Córdoba, que se llevará 293 millones de pesos, seguida por Santa Fe con 208 millones. Continúan en la lista Mendoza ($181 millones), Tucumán ($142 millones) y Buenos Aires ($101 millones), que recibe por algunos municipios pero no por los servicios metropolitanos. En el otro extremo de la lista se encuentran Santa Cruz ($3,3 millones) y Tierra del Fuego ($2,7 millones).

A cambio de este dinero, nadie debe mover la tarifa por 120 días. Y si alguien lo hizo durante enero, volver al precio anterior.