Gobernadores, legisladores y funcionarios de las provincias cordilleranas, y mineras, acordaron ayer, en presencia del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, los lineamientos de una declaración conjunta en defensa de las potestades provinciales para legislar en materia ambiental, intentando sentar un precedente político importante frente al debate que se avecina en la Cámara de Diputados de la Nación -previsto para el 14 de julio- con respecto a la protección de los glaciares, proyecto que, tras sufrir un veto presidencial, ya tiene media sanción del Senado.

Ese documento fue firmado ayer por los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja) y entre hoy y mañana será firmado por los demás mandatarios provinciales que apoyan la iniciativa, entre los que figura el catamarqueño, Eduardo Brizuela del Moral quien, por razones de agenda según se informó, no estuvo en el encuentro.

En representación de Catamarca, estuvieron los diputados Raúl Paroli, Mariana Veaute y Pedro Molas y la senadora Blanca Monllau, quienes acercaron la postura del Ejecutivo en defensa de la potestad de la provincia sobre los recursos naturales, frente a la avanzada proteccionista que impulsa un sector del Congreso nacional.

En el Congreso hay dos dictámenes, sobre dos proyectos diferentes. El que tiene dictamen de mayoría, es el proyecto fuertemente proteccionista de zonas glaciares y periglaciares, de autoría de Miguel Bonasso, que es prácticamente igual al que vetó la Presidenta el año pasado; y con dictamen de minoría, bajará el proyecto denominado Filmus (por su impulsor) que ya fue aprobado en el Senado con el aval de los catamarqueños y que si bien establece presupuestos mínimos de protección de los glaciares, permite la actividad minera.

En diálogo con EL ANCASTI, Paroli explicó que de avanzar la ley Bonasso, el espíritu proteccionista que impide todo tipo de actividad en la zona glaciar y periglaciar "afectaría en forma directa la generación de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas en esa zona". En ese sentido, resaltó que teniendo en cuenta las características geográficas y económicas de Catamarca "y sabiendo que la actividad económica fundamental en la provincia es la minería, esa iniciativa nos afecta enormemente, porque pese a lo que dice la Constitución Nacional, se vería afectada la potestad de las provincias, dado que se centralizarían las decisiones sobre el tema en un instituto, cuando esas potestades sobre los recursos naturales y los planes de manejo de esos recursos son exclusivas de las provincias", resumió el diputado.

Tarea local

Los representantes de las provincias cordilleranas unidos en este planteo acordaron, además, solicitar a las legislaturas provinciales que avancen, en concordancia con la potestad que les concede la Constitución, en la protección de sus fuentes de agua, especialmente de sus zonas glaciares, definiendo, entre otras cosas, las exigencias de los estudios de impacto ambiental que se requerirían en caso de que se pretenda realizar algún tipo de actividad en las zonas bajo protección. Paroli anticipó que en breve el Ejecutivo provincial remitirá a la Legislatura un proyecto de ley con ese espíritu.

DEBATE

El 14 de julio está previsto que la Cámara de Diputados de la Nación trate sobre tablas la ley de protección de glaciares.

En Diputados, hay dos proyectos. El que tiene dictamen de mayoría, conocido como Ley Bonasso (por su impulsor), tiene un espíritu totalmente proteccionista de las zonas glaciares y periglaciares. Es idéntico a la ley que, tras ser aprobada, terminó vetando el año pasado la Presidenta.

El otro proyecto, con dictamen de minoría, es el denominado "proyecto Filmus", que fija presupuestos mínimos en materia de protección, pero habilita la realización de actividades mineras.

El proyecto de Filmus es el que apoyarán los diputados catamarqueños puesto que, entienden, fija presupuestos mínimos pero no cercena las autonomías provinciales.

La preocupación de los representantes de las provincias cordilleranas y mineras es que se apruebe una ley que, entienden, fija parámetros de protección que cercenan la potestad de las provincias para decidir sobre sus recursos naturales, en este caso particular, sobre el agua.

Invocando esa potestad, consagrada constitucionalmente, los representantes provinciales acordaron remitir a las legislaturas locales proyectos provinciales de protección de glaciares y de sus recursos hídricos en general.