Mientras Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe ya debaten una modificación del impuesto al sector rural, buscando mejorar sus recaudaciones, en Tierra del Fuego el tema ni siquiera forma parte de la agenda del Gobierno o la Legislatura. En 2011, el campo fueguino sólo tributó 41 mil pesos, pero exportó ganado y lana al continente por casi 1.500.000 dólares.
Para citar sólo un ejemplo, un campo de 950 hectáreas en Gualeguay, donde se desarrollan actividades agrícolas-ganaderas, pagaba en 2002 unos 8.000 pesos de Impuesto Inmobiliario Rural. «Ocho años después, tras el boom de la soja, debía abonar 72.000 pesos, pero a partir de 2010, y debido al creciente déficit de los presupuestos provinciales, hubo un fuerte salto y el mismo campo pagó 110.000 pesos en 2011», señala un informe del diario Clarín.
En contraposición, la recaudación anual en Tierra del Fuego, en concepto de impuesto inmobiliario rural, alcanzó la irrisoria suma de 41.444 pesos sobre un total de 1.164.950 hectáreas en producción. Esto se traduce en 0,035 centavos por cada hectárea productiva.
Si se tiene en cuenta que el sector rural exportó ganado en pie y lana sucia al continente por un total de 1.467.239 dólares durante 2011 (más de 6 millones de pesos), los ingresos impositivos a la provincia resultan prácticamente nulos.
Actualmente, en concepto de Ingresos Brutos, la alícuota que tributa el sector rural fueguino es del 1 por ciento para ganado en pie. Sin embargo, por el artículo 14 de la Ley 854, la actividad de cría de ganado puede solicitar la denominada Tasa 0 siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la mencionada normativa (establecimiento ubicado en la provincia; estar al día en situación fiscal; presentar condición regular en el Ministerio de Trabajo en las cuestiones atinentes a empleo, etc).
No obstante esto, desde 1995 y a raíz de la gran nevada sufrida ese año, Tierra del Fuego se adhiere a ley de «Emergencia Agropecuaria para la Patagonia», en las que se exceptúa del impuesto a todas aquellas estancias que están dentro del programa PROLANA. Por una situación u otra, la mayoría de las estancias fueguinas no tributan Ingresos Brutos.
A estos beneficios impositivos, a los que se suman los que el sector rural percibe a través de la Ley 19.640 (por exportar de la Isla productos originarios como ganado ovino en pie y lana) se debe contemplar además que muchos de los establecimientos perciben ingresos por la utilización de recursos que, por estar dentro de sus propiedades, pueden ser aprovechados como tales; por ejemplo madera; pesca deportiva; turba e ingresos derivados por los pasos de servidumbre para la explotación de petróleo.
Asimismo, el sector recibe beneficios derivados de inversiones generadas a través de la provincia (laboratorios; reactivos; profesionales; programas provinciales de control para garantizar certificaciones de libre brucelosis ovina; aftosa y tuberculosis), lo que coloca a los productores fueguinos en una situación de diferenciación y ventaja respecto al resto de Sudamérica.
Desde el sector rural hubo, a principios de año, un reconocimiento de esta situación de inequidad tributaria. Sin embargo, una readecuación del impuesto inmobiliario rural no está incluido aún en la agenda de prioridades del Gobierno, y mucho menos de la Legislatura provincial.
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