Ya está claro que no habrá reforma a la coparticipación impositiva, una vía directa. Si el kirchnerismo sigue meneando el asunto, será por lo que desde un principio se sabía: es un entretenimiento para contener el debate sobre los recursos que, de todos lados, retiene la Nación.

Algunos gobernadores, como el salteño Juan Manuel Urtubey, tantean con la creación de un fondo social. Sería posible, si el gobierno central pone el dinero. Pero aún en ese supuesto, habría disputas.

Urtubey lo piensa para las provincias del Norte. Claro que en ese caso saltarían las grandes, enfrentadas a anchas franjas sociales empobrecidas en sus territorios: desde ya Buenos Aires y Santa Fe, que reclamarían para sus conurbanos.

Por lo visto, también esa idea corre serio riesgo de capotar. Queda, luego, la posibilidad de que les aflojen la pesada deuda que acumulan con la Nación: una reprogramación a veinte años y con un interés en pesos del 6 %, según una de las propuestas en danza.

Es, otra vez, algo que depende de Olivos. Todos los años allí se decide el financiamiento que tendrá cada provincia para pagar parte de los vencimientos, pero sale en cuenta gotas y significa más carga futura. Y si hubiese alguna refinanciación, no sería generalizada: como prevé el Presupuesto, habría un tratamiento caso por caso, lo cual equivale a mantener la sartén por el mango y el mango también.

Se sabe de sobra que el Gobierno no acepta la coparticipación plena del impuesto al cheque, que esta semana podría aprobar Diputados. Si no prospera la vía judicial, vetará la ley. El costo político que este paso entraña explica los fuegos artificiales con la coparticipación o los que podrían encenderse.

El 11 de marzo pasado, el senador peronista por La Pampa Carlos Verna atacó otro flanco: presentó un proyecto de ley para que empiecen a distribuirse, entre las provincias, los ATN y los recursos retenidos estos años. Esa caja ya tiene $ 9.000 millones y el Gobierno la usa para financiar sus necesidades fiscales a costo cero.

Constituido, entre otras fuentes, con el 1 % de la coparticipación federal y el 2 % de la recaudación de Ganancias, el fondo de los ATN les corresponde por entero a las provincias. Sin embargo, los $ 9.000 millones están hoy en el Tesoro Nacional, por obra y gracia del Ministerio del Interior que los recibe y se los cedió.

Pero apenas cinco días después de presentarla, Verna retiró su iniciativa.

Del mismo Verna es un proyecto que formaliza, por ley, el empleo de las reservas para pagar deudas del Estado Nacional. Resulta un calco del DNU del Desendeudamiento, razón suficiente como para el kirchnerismo vaya por esa salida.

En el camino, La Pampa recibió promesas de fondos por más de $ 300 millones. Inevitablemente, los legisladores de la oposición vinculan la plata con el minué de Verna.

Hay un tironeo por otros recursos, que también puede tener lugar en el Congreso. Consiste en rebajar o segmentar las retenciones agropecuarias, y está sustentado en el deterioro del tipo de cambio real para las exportaciones del sector.

Si la medida llega a prosperar, será vetada. Pero esto también implica riesgos y costos: otra contienda con el campo en plena campaña electoral.

Menos que una hipótesis con final incierto es el fuerte crecimiento del gasto público. En el primer trimestre aumentó un 33 % respecto del mismo período del año pasado. Y un 70 % comparado con 2008.

La primera conclusión es que el Estado no gasta más para contrarrestar la crisis, como pudo alegarse en 2009. Sino que en la era K siempre gasta más, con independencia de las circunstancias y del manejo transparente de los fondos públicos. Tanto, que en los últimos cuatro las erogaciones subieron un 34 % anual promedio.

Más de un especialista puede cuestionar como se utilizan los recursos en las provincias. Y muchos, también, la muy despareja capacidad financiera que existe entre ellas y la Nación.

Con las reservas, los adelantos y las utilidades del Banco Central, este año el Gobierno dispondrá de unos US$ 14.000 millones. Sólo de allí y sin considerar los recursos de la ANSeS, los del Nación y otros a los que echa mano abundantemente.

Se viene abajo, así, el argumento de que una coparticipación plena del impuesto al cheque desfinanciaría al Estado Nacional. Esto le costaría no mucho más de US$ 2.500 millones.

El punto es, entonces, el mismo de siempre: la muy desigual distribución de los recursos nacionales. Eso que le permite al Gobierno manejar una masa de dinero cada vez mayor, a su gusto y con el conocido sistema de premios y castigos.

Está en juego la subordinación de los gobernadores a la caja del poder central. O, si se prefiere, la posibilidad de que las provincias recuperen cierto grado de independencia. Con las elecciones a la vista, ya se sabe quien no va a transigir con algún régimen de reparto firme y sin filtros.