Las 8 provincias andinas que tienen un perfil netamente minero firmaron ayer en Buenos Aires una "declaración conjunta" para que en sus respectivas Legislaturas se trate cuanto antes una ley provincial de protección de glaciares, idéntica a la que ya ingresó el viernes pasado a la Cámara de Diputados de San Juan, que se fundamenta en la "Ley Filmus" que goza de media sanción en el Senado y que permite el desarrollo de la minería. La estrategia apunta a adelantarse a un posible revés en el Congreso, porque el dictamen de mayoría que avala el proyecto del diputado Bonasso puede ser aprobado para preservar la integridad de los glaciares y que anula de plano cualquier actividad minera o industrial. Esa iniciativa es idéntica a la que meses atrás vetó la presidenta y que generó críticas de organizaciones defensoras del ambiente.

En la Casa de Salta en Capital Federal, rubricaron el acuerdo -la semana pasada en el mismo lugar había sido acordado de palabra- el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; Luis Beder Herrera por La Rioja; legisladores de la provincia de Catamarca; el gobernador de Jujuy, representantes de Río Negro y por San Juan lo hizo el vicegobernador Rubén Uñac acompañado por el legislador nacional Daniel Tomas, con el apoyo de Santa Cruz y Neuquén que ya ostentan una normativa del mismo carácter. También participó el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. La idea que manejan los gobernadores involucrados y que el Ejecutivo sanjuanino ya tiene en marcha, aspira a que "en lo posible" en este mes queden sancionadas las leyes en cada una de las provincias y así tener una herramienta legal más.

"Es una expresión de total federalismo. El hecho de tener en estas provincias zonas de montañas con reservorios de agua, no les da derecho de pretender hacer prohibiciones desde Capital Federal", señaló Tomas, cuando salía de la reunión. En el mismo sentido se pronunció el vicegobernador Uñac, que dijo "sentirse satisfecho" por los alcances del documento.

En los 10 puntos acordados, dejaron claro de antemano "la necesidad impostergable" de proteger los glaciares y amparándose en las facultades que tienen las provincias y que están plasmadas en los artículos 124 y 41 de la Constitución Nacional, resaltaron que harán uso de esos derechos para legislar sobre sus recursos naturales. En el tercero de los puntos se destaca "...la necesidad de su preservación como tales (por los glaciares), todo ello en el marco de un adecuado y equilibrado desarrollo sustentable que permita que las actividades productivas y de servicios puedan satisfacer las necesidades y el desarrollo económico de nuestras provincias sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras...". Si bien en ninguno de los párrafos se incluye la palabra "minería", el documento que se firmó ayer tiene como principal objetivo seguir adelante con los proyectos mineros que están en marcha y aquellos que están por ver la luz, porque en el caso de que las provincias no sancionen su propia ley de glaciares y que se apruebe el proyecto de Bonasso, por ejemplo Pascua-Lama quedaría al menos en suspenso.