Los testigos de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en la región están siendo asistidos por profesionales del Centro de Atención a la Víctima (CAVD) de la provincia, con vista al segundo tramo del juicio a represores que comenzará el 7 de marzo en Neuquén.

Desde el CAVD, dependiente del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia a cargo de Zulma Reina, se elaboró el primer protocolo de actuación de la Argentina para estos casos, a partir de un trabajo iniciado en mayo del año pasado, que contempla la intervención y asistencia a víctimas y testigos en las tres etapas que involucra el juicio de la Escuelita II: antes, durante y después de la declaración. Ya se contactaron a más de 180 personas.

“En el caso de delitos de lesa humanidad hasta ahora se han hecho asistencias pero no con un protocolo que incluya todo lo anterior a la declaratoria, la atención del impacto después de declarar, el acompañamiento durante el proceso y hasta la sentencia”, explicó Silvia Alonso, directora del Centro de Atención a la Víctima de la provincia.

“Nosotros lo que hicimos ahora fue ver la forma de que la persona llegue asistida antes de la audiencia, previo a tener que declarar”, añadió Flavia Molli, abogada del centro que trabaja en conjunto con la psicóloga Evangelina González.

Distintos casos

En principio, se hizo una convocatoria donde unas 30 personas se acercaron a la sede del CAVD, situada en la calle Talero al 100, para interiorizarse sobre el tema. “Nos presentamos y les dijimos quiénes éramos, y quedamos en contactarlos personalmente. A partir del listado de toda la gente que ellos nos dieron fuimos visitando uno a uno y comunicando nuestra tarea. Les preguntamos qué aspecto les interesaba trabajar y bajo qué modalidad se iban a sentir mejor”, precisó Alonso.

A partir de allí, el equipo de profesionales del CAVD realizó visitas en todo el territorio de la provincia y en localidades de Río Negro. “Nos encontramos con casos de gente fallecida o en condiciones de salud que requería otro acompañamiento. También hay personas que están viviendo en otras provincias o en el extranjero”, contó la directora del organismo.

Respecto al tipo de testigo, explicó que se asiste a familiares, a las víctimas directas y a personas significativas para estas últimas, como puede ser un vecino que presenció, por ejemplo, el momento del secuestro.

“Es toda gente que está llamada a testificar pero también tenemos un caso de una persona que no había testificado nunca y que primero se presentó acá. Se trabajó su caso y se la acompañó a hacer la denuncia. Además, fueron apareciendo otras situaciones particulares como la de una mujer que quería saber sobre leyes reparatorias y nosotros fuimos el vehículo para que se asesore”, narró Molli.

Alonso advirtió que también hay testigos “que no quieren declarar, eso lo informamos, ya que el tribunal tiene derecho a saber, pero no fueron reacios a hablar con nosotros”. A su vez, citó un caso puntual de una víctima de la represión que se acercó al centro y explicó que nunca había hablado del tema con sus familiares.

El rol del Estado

“Hay una cuestión muy importante acá que es la presencia del Estado, que se había corrido. El juicio será durante ocho meses y tenemos que asegurar el compromiso de que la gente que vio a un profesional debe seguir con él. Armamos una red de relaciones con un equipo que lo va a seguir y acompañar hasta que termine el proceso”, dijo Alonso, y añadió: “Que el Estado se haga cargo de acompañarlos en la asistencia fue la carta de presentación y que el equipo esté integrado por gente joven fue muy bueno, teníamos miedo por lo generacional, pero la gente en general recepcionó muy bien el tema, a nadie le pareció mal”.

Molli, por su parte, indicó que el equipo debió “estudiar mucho” para armar el protocolo y “aprender léxicos que se utilizaban, por ejemplo, en cautiverio. Todo eso formó parte de un trabajo previo”.