La provincia tendrá su propia unidad antilavado. Mediante una resolución interministerial suscripta por los ministros de Justicia, Héctor Superti; de Economía, Angel Sciara, y por el Fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, se creó una comisión cuyo propósito será articular y coordinar todas aquellas acciones derivadas del cumplimiento de la ley nacional antilavado.

Como se sabe, dentro del marco de esa normativa, la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió una serie de resoluciones exigiendo a diferentes estamentos -tanto públicos como privados- que se profundicen los controles para combatir y prevenir operaciones que impliquen el presunto lavado de dinero.

En el caso de la provincia de Santa Fe, tales resoluciones alcanzan -como reparticiones públicas- a la Lotería (dependiente de Economía), el Registro de la Propiedad (dependiente de Justicia), a Inspección General de Personas Jurídicas (dependiente de Fiscalía), y al Registro Público de Comercio, dependiente del Poder Judicial.

Según adelantó a El Litoral el titular de la Dirección Anticorrupción de la provincia, Paulo Friguglietti, la resolución que acaba de firmarse se circunscribe a las dependencias del Poder Ejecutivo involucradas, pero invita al Poder Judicial a integrar la comisión para trabajar de manera integrada. El funcionario, cuya repartición estará a cargo de la coordinación de esta nueva comisión, adelantó que en las próximas horas -posiblemente mañana- se reunirán los representantes de los organismos pertinentes en el Ministerio de Justicia para dejar formalmente integrada la comisión.

Además de intentar sistematizar la aplicación de las resoluciones de la UIF, la unidad antilavado provincial se propone unificar criterios sobre la base de que tales exigencias demandan la creación de un software especial y el nombramiento de oficiales de cumplimientos, que articulen su trabajo con la UIF.

La resolución

Según consta en la resolución, el nombre de la unidad será “Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. El mismo texto dispone que el director provincial de Anticorrupción “presidirá y representará”, dirigirá y coordinará el trabajo que se desarrolle en la comisión, teniendo a su cargo todas las cuestiones atinentes a su constitución y normal funcionamiento.

Entre sus objetivos, la resolución menciona relevar los sujetos obligados según la ley nacional antilavado, relevar la normativa aplicable y el grado de avance en cuanto al cumplimiento de la misma en el ámbito de la provincia; proponer y promover las pautas y acciones de una política común y articulada tendiente a cumplir con la normativa referida al lavado de activos y financiación del terrorismo vigente y/o la que se dicte en un futuro; proponer el modo de implementar la política que entienda conveniente desarrollar para el cumplimiento de la normativa sobre lavado de activo y financiación del terrorismo; elevar su informe, en el plazo máximo de un año desde su constitución, a los titulares de los órganos firmantes de esta resolución.

Las reparticiones, a la vez, se comprometen a aportar medios materiales en la medida que fueren necesarios y convenientes para el desarrollo de sus funciones, y realizar las acciones que le requiera la Comisión encaminadas al logro de sus fines, impliquen o no una erogación de dinero.

La comisión podrá convocar a expertos en la materia para recibir asesoramiento; requerir asistencia técnica a los funcionarios públicos dependientes de los órganos firmantes; requerir los informes y el acceso a la información que estime necesaria para cumplir con sus objetivos, dirigiéndose para ello en forma directa tanto a las dependencias del Poder Ejecutivo provincial como a los titulares o representantes de los órganos legislativo y judicial, y establecer una comunicación directa e intercambio de información con la UIF y con las autoridades y organismos que estime necesario tanto a nivel nacional como internacional.

Promulgación de la ley

Ayer, el Poder Ejecutivo nacional promulgó mediante el decreto Nº 825, la ley 26.683, que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo en el sistema penal, y habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF) a actuar como querellante en este tipo de causas. La ley había sido sancionada el pasado 1º de junio, sobre la base de un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En cuanto a la ley, castiga el “autolavado”, facilita el decomiso de bienes de procedencia ilícita y, entre otras medidas, prevé sanciones a empresas que incurran en maniobras de reciclaje de fondos o financiación del terrorismo.

Por la norma, se incorporó en el Código Penal un título específico referido a esta clase de criminalidad, que incluye hechos que dejaron de investigarse en los años ’90 al derogarse la figura de subversión económica.

La ley redefinió el tipo penal “lavado de dinero” para establecer que consiste en convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, siempre que involucren una suma superior a 300 mil pesos, en un solo acto o por sumatoria de hechos reiterados.

Se creó, además, la categoría “Delitos contra el orden económico y financiero” y, dentro de ella se incorporó la figura de lavado de dinero, que perdió así vinculación con el delito de encubrimiento.

Las penas establecidas en el Código Penal son ahora de tres a diez años de prisión y multa de dos a diez veces del monto de la operación a quien incurra en el delito de lavado de dinero.

A la vez, se aumentó la sanción si el delito es cometido en grupo o con habitualidad, y si se trata de un funcionario en ejercicio del cargo, además de elevar la pena se prevé una inhabilitación.

Reunión del Gafi

El ministro de Justicia, Julio Alak, viajó a Ciudad de México para participar hoy, en representación de la Argentina, en un nuevo plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), principal foro intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado de dinero. Alak encabeza la delegación argentina conformada por José Sbattella, titular de la UIF, y el jefe de Gabinete del ministerio, Juan Martín Mena. En la jornada se abordará la situación de la Argentina, que tiene en plena ejecución un plan de acción para adecuar sus políticas a los estándares internacionales en la materia.