Ante el conocimiento de los hechos, el 7 de octubre pasado las autoridades del INAI, enviaron al presidente del IPPIS, Ernesto Killo, y al subsecretario de Pueblos Originarios de la provincia, Enrique Rojo, una nota en la que piden que en no más de 7 días remitan "un informe exhaustivo acerca del accidente mencionado, remitiendo todos los antecedentes judiciales y extrajudiciales que estime pertinentes y los motivos por los cuales no fue informado este Instituto Nacional del grave y lamentable hecho ocurrido hace mas de nueve meses".
Añadió que el convenio "se firmó con el IPPIS, que es una entidad autárquica y autónoma".
Respecto a si en algún momento tomó intervención ante las demoras, respondió que envió notas y pedidos de informes al IPPIS pero "nunca dijeron nada".
"Desconocía de todo, hasta que me enteré por comentarios", lo cual, dijo, fue hace dos meses. Solo hace 15 días se reunión con agentes del INAI que le informaron la situación.
Se mostró sorprendido de que se conozca la situación, dado que, dijo, se había acordado con el INAI en mantenerla en "reserva".
Por su parte, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, Pueblo Lule de las Costas, y parte de la comunidad del pueblo Atacama, mostraron su malestar por la postergación e invisibilización de las comunidades indígenas ante la situación.
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