Una presentación parlamentaria de un grupo de organizaciones de defensa de los consumidores para crear una comisión bicameral que audite el proceso de inversiones de las distribuidoras eléctricas realizada a poco de que venza el congelamiento de las tarifas eléctricas dispuesto a principios de año, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre cuanto deberán pagar los bonaerenses  por este servicio el año próximo.

En una nota que dirigieron a la senadora Gabriela De María (FdT), la presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores, un grupo de  diecisiete organizaciones plantearon la necesidad de crear una comisión bicameral que “investigue íntegramente” el proceso de revisión tarifario 2017-2022, que puso en marcha el gobierno de María Eugenia Vidal y el de Axel Kicillof suspendió  a través de la ley de emergencia económica.

Un punto significativo es que las organizaciones de los consumidores le remitieron a los senadores una copia del “Informe de Revisión Tarifaria RTI 2017-22” que realizó la subsecretaría de Energía de la Provincia, controlada por Gastón Ghione, en el primer semestre de este año, en el cual se denuncian que hubo aumentos de hasta 3.500% hasta agosto de 2019, pero que eso no implicó inversiones acordes que mejoraran el servicio, sino una mayor toma de ganancia para los accionistas de la compañía.

Ese trabajo tensó la relación del gobierno de Rogelio Pagano, el propietario de las cuatro distribuidoras que regula la provincia, Edelap, Edes, Edea y Eden, todas pertenecientes al grupo DESA, que dan servicio a toda la población que vive fuera del Conurbano (allí las concesionarias son Edenor y Edesur, controladas por Nación) junto con unas 280 cooperativas.

Ahora, las organizaciones quieren usar ese texto como eje de actuación de una comisión bicameral que demuestre que como las inversiones no se hicieron, no deben descongelarse las tarifas. Algunas son partidarios de mantener los precios como están, mientras que otros quieren avanzar en una “desprivatización”. En Alemania, se puso fin a más de 200 concesiones eléctricas,”, dijo a DIB Diego González Morales, del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente, una de las entidades que firmó la nota.

Para el gobierno, el reclamo de las entidades es una forma de instalar la cuestión desde el punto de vista que más le conviene: el de los incumplimientos que achaca a DESA. El objetivo parece ser doble. Encarar el momento en que vence el congelamiento  desde una posición de fuerza, para moinimizar o suprimir la posibilidad de nuevos aumentos una vez que se supere esa medida. En ese plano, en el Ejecutivo dicen que desde agosto de 2019 –último mes en que se aplicó un aumento de los previstos por el acuerdo de la era Vidal- y el mismo mes del año pasado hubiese habido un incremento de 100% de la tarifa si no se hubiese congelado.

Pero al mismo tiempo, la intención es dejar sentado que aún con aumento de tarifas las inversiones no se hicieron, ante una perspectiva complicada para el servicio: con la llegada del calor y más gentes en sus casas que otros veranos debido a las restricciones de Covid, el temor es que se incrementen los cortes. (DIB) AL

En una nota que dirigieron a la senadora Gabriela De María (FdT), la presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores, un grupo de  diecisiete organizaciones plantearon la necesidad de crear una comisión bicameral que “investigue íntegramente” el proceso de revisión tarifario 2017-2022, que puso en marcha el gobierno de María Eugenia Vidal y el de Axel Kicillof suspendió  a través de la ley de emergencia económica.

Un punto significativo es que las organizaciones de los consumidores le remitieron a los senadores una copia del “Informe de Revisión Tarifaria RTI 2017-22” que realizó la subsecretaría de Energía de la Provincia, controlada por Gastón Ghione, en el primer semestre de este año, en el cual se denuncian que hubo aumentos de hasta 3.500% hasta agosto de 2019, pero que eso no implicó inversiones acordes que mejoraran el servicio, sino una mayor toma de ganancia para los accionistas de la compañía.

Ese trabajo tensó la relación del gobierno de Rogelio Pagano, el propietario de las cuatro distribuidoras que regula la provincia, Edelap, Edes, Edea y Eden, todas pertenecientes al grupo DESA, que dan servicio a toda la población que vive fuera del Conurbano (allí las concesionarias son Edenor y Edesur, controladas por Nación) junto con unas 280 cooperativas.

Ahora, las organizaciones quieren usar ese texto como eje de actuación de una comisión bicameral que demuestre que como las inversiones no se hicieron, no deben descongelarse las tarifas. Algunas son partidarios de mantener los precios como están, mientras que otros quieren avanzar en una “desprivatización”. En Alemania, se puso fin a más de 200 concesiones eléctricas,”, dijo a DIB Diego González Morales, del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente, una de las entidades que firmó la nota.

Para el gobierno, el reclamo de las entidades es una forma de instalar la cuestión desde el punto de vista que más le conviene: el de los incumplimientos que achaca a DESA. El objetivo parece ser doble. Encarar el momento en que vence el congelamiento  desde una posición de fuerza, para moinimizar o suprimir la posibilidad de nuevos aumentos una vez que se supere esa medida. En ese plano, en el Ejecutivo dicen que desde agosto de 2019 –último mes en que se aplicó un aumento de los previstos por el acuerdo de la era Vidal- y el mismo mes del año pasado hubiese habido un incremento de 100% de la tarifa si no se hubiese congelado.

Pero al mismo tiempo, la intención es dejar sentado que aún con aumento de tarifas las inversiones no se hicieron, ante una perspectiva complicada para el servicio: con la llegada del calor y más gentes en sus casas que otros veranos debido a las restricciones de Covid, el temor es que se incrementen los cortes.