Neuquén > La cárcel de Senillosa, terminada hace más de dos años, no parece estar cerca de ser habitada. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Guillermo Labate, afirmó que el problema principal no es estructural sino la falta de recurso humano capacitado para trabajar allí.

En diálogo con La Mañana de Neuquén, luego de una reunión especial en la Legislatura provincial el miércoles pasado, Labate señaló que esa cárcel que está abandonada sin haber sido inaugurada fue pensada para albergar a 600 internos, la misma cantidad de personas que cumplen condena efectiva en el resto de las unidades penitenciarias de la provincia.

"No nos engañemos, la cuestión de la estructura es importante pero es fácilmente superable", expresó Labate. "El problema es que, en base a la capacidad que está proyectada y lo que se hizo, no hay personal penitenciario para asistir a la apertura de esa cárcel", dijo.

La obra implicó una inversión cercana a los 80 millones de pesos. Fue licitada en 2003 por el gobierno de Jorge Sobisch, construida por la empresa Riva S.A. y entregada a la Provincia a fines de 2008.

"La inauguración de Senillosa es decisión del Ejecutivo", afirmó Labate. El Sistema Penitenciario provincial depende de la Administración Central y no del Poder Judicial que él encabeza. La Justicia sólo ejerce la jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles para supervisar que no se afecten los derechos fundamentales de los internos.

En la provincia hay 1.800 personas judicializadas, de las cuales 600 están privadas de su libertad y cumplen prisión efectiva en las cárceles, y 1.100 con probation o condenas en suspenso.

"Si estamos hablando de una cárcel de 600 internos, que es la población total de la provincia, necesitaríamos por lo menos 400 efectivos y creo que no hay 50 en este momento, a menos de que se cierren todos los demás centros de detención", señaló el presidente del máximo órgano judicial.

"Creo que el problema es la inexistencia de un servicio penitenciario provincial y la falta de capacitación de este tipo de personal", agregó Labate.

Otras unidades

El TSJ firmó un convenio con el Programa para el Desarrollo Agropecuario (Proda), un organismo que depende de la Provincia, para impulsar en la cárcel de Cutral Co la producción de huertas. "Nos pareció muy adecuado para los internos de esa localidad porque es un área rural, para que tengan capacitación en economía familiar, subsistencia y como salida laboral para el futuro", expresó Labate.

El presidente del TSJ indicó que en U11 de Neuquén se intentó realizar pero no se logró y que en San Martín de los Andes hay una iniciativa similar pero que no es con el Proda. Además, indicó que en la de Senillosa hay un predio de 14 hectáreas para realizar huertas el día en que se inaugure.

"La prioridad es la ocupación para las personas que estén cumpliendo una pena y puedan tener trabajo, una forma de ingresos propios para el día que estén en condiciones de salir, pero sobre todo una alternativa laboral", dijo Labate.

El año pasado se establecieron nuevos cursos de educación en la unidad de Cutral Co. "De una población de 90 internos están cursando el secundario 65, lo que es un promedio muy interesante. Las cárceles son fábricas o centros de estudio", opinó el funcionario judicial.