Unos hablaron de trabajo basura y de explotación; otros, ponderaron la baja de los índices de desempleo en la provincia. El debate entre opositores y oficialistas se tornó virulento cuando la Cámara debatió la ampliación de los subsidios que otorga el Estado a una empresa de call center.

La iniciativa, finalmente aprobada por mayoría, faculta al Poder Ejecutivo a conceder a la firma Teleperformance un aporte mensual por cada empleado que incorpore dentro de los próximos cuatro años, consistente en un 30% de las retribuciones durante el primer año, y del 20% para los empleados con antigüedad mayor a un año. Además, el Gobierno se compromete a subsidiar el alquiler de un local por hasta $ 50.000 mensuales cuando la planta de personal sea inferior a 1.000 personas y de hasta $ 70.000 cuando se llegue a 2.000 trabajadores.

Gregorio García Biagosch (PJ) fue el responsable de defender el proyecto en el recinto. Sostuvo que la política de inserción laboral del Gobierno permitió bajar el desempleo al 5,2%. "Se está en el buen camino", dijo. Y luego ponderó las virtudes de la empresa subsidiada, cuya intención actual es abrir nuevos locales y tomar a unos 2.000 empleados nuevos. "Está en 51 países, paga sueldos en promedio de entre $ 2.000 y $ 2.500 y el 78% de los empleados que tiene son menores de 30 años", fueron algunas de las virtudes que enumeró. Al final, cuantificó la importancia de ampliar el subsidio en que cada 3.000 empleos que se generan se baja un punto la desocupación en el Gran San Miguel de Tucumán.

Pasillo de por medio entre las bancas, Ricardo Bussi (FR) lo cruzó con dureza y dijo que la iniciatica era escandalosa. "Seguramente el que le dijo que hay un 5% de desocupación es el mismo que dice que la inflación es de un dígito. Esto es poco serio; Alperovich beneficia a todos menos a los tucumanos. Además, este es un trabajo basura que explota a los jóvenes", bramó. Y exhibió un recibo de sueldo por $ 1.100 de un ex empleado de esa empresa.

Esteban Jerez (bloque Alberdi) se sumó a las críticas. "Tucumán es una de las provincias más caras e inequitativas; se trata mal a los empresarios tucumanos", dijo. Y coincidó con Bussi. "Son contratos basura para la Organización Internacional del Trabajo. Es inaceptable que seamos cómplices de esto", se quejó. Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista) aclaró que no objeta los beneficios fiscales que pueda conceder el Estado, pero sí que sean direccionados y no mediante un régimen general. También cuestionó a la empresa y a las condiciones de trabajo en los call center. "¿Quién dijo que la desocupación en Tucumán es del 5,2%? Será la desocupación oficial de Alperovich; las de consultoras privadas llega al 14%", añadió. "Acá se apuntó a una empresa porque no hubo una licitación. No se puede tener un Estado malviviente. Este proyecto crea desigualdad con respecto a los otros empresarios", cerró el legislador opositor.