Desde la entidad se explicó que si bien no existe obligación legal de llevar adelante respuesta alguna, suele haber informes que elevan las provincias cuando se denuncian situaciones puntuales. "Por ejemplo en el Impenetrable Chaqueño se obtuvo respuestas a través de una instancia judicial".

Respecto a la situación en Salta "estamos en tiempo para que la Provincia dé una respuesta". Sostuvieron que "a título de colaboración han respondido y muy bien", en situaciones por ejemplo de "desnutrición y en caso de niños muertos".

El informe señalado tiene que ver con la denuncia que hicieron las comunidades: La Chirola, Las Llanas, La Golondrina, La Paloma, Las Moras, Media Luna, Pozo El Bravo, La Fortuna, Monte Seco, Pozo Los Indios, y El Vizcacheral, dispuestas sobre la ruta Nº 81, que en más de una ocasión hicieron las denuncias ante Ambiente recibiendo como respuestas poco satisfactorias a su entender.

Las observaciones

"Un reclamo que resultó generalizado entre las comunidades fue que el relevamiento territorial y los mapas que en consecuencia elabora el INAI, carecen de validez jurídica y de carácter vinculante alguno tanto para la Secretaría de Ambiente de la Provincia, como para terceros, quienes parecen desconocerlos. En ese sentido y conforme los testimonios recabados, los límites que allí se establecen no resultarían oponibles, lo que contradice lo dispuesto por la ley 26.160", dice parte del documento del Defensor del Pueblo. A ello se suma que en varias ocasiones "se induce a los pobladores a suscribir acuerdos engañosos entre propietarios privados y habitantes locales, sean criollos o aborígenes, a partir de los cuales renuncian expresamente a derechos que le son inalienables para someterse a un nuevo régimen legal por el que renuncian a la propiedad de la tierra que ocupan de manera tradicional para el criollo y ancestral para el indígena". Esta es otra situación que se reiteró en más de un caso denunciado.

También observaron que "el proceso de autorización de cambios de uso del suelo o de aprovechamientos sustentables en cualquier zona/color, no cuenta con una verificación de reclamo de pueblos originarios hecho por el IPPIS o interno de la Secretaría de Ambiente. Por lo que hoy se autoriza sin saber si las comunidades están reclamando esos espacios". Si bien existen en algunas audiencias notas enviadas al IPPIS, en ocasiones el problema es que son algunos miembros de esa entidad los que avalan la vulneración de los derechos de las comunidades, en tanto o no realizan las consultas, o no tienen en cuenta la extensión del territorio reclamado.