La mayoría corresponde a la zona norte y centro de Neuquén. Unos 640 títulos de propiedad fueron otorgados en los últimos tres años.

Neuquén > El gobierno de la provincia apunta a regularizar más de 800 mil hectáreas fiscales en todo el territorio neuquino, la mayoría de ellas ubicadas en parajes de las zonas centro y norte. Así lo informó a este diario el director de Tierras de la provincia, Gustavo Celayes, quien precisó que en la actualidad 610 mil hectáreas ya tienen en ejecución sus respectivas mensuras.

Desde esta dirección, se estima que hacia finales de la gestión de Jorge Sapag unas 1.200 familias se verán beneficiadas.

“Además de las 610 mil hectáreas que se terminarán de mensurar, hay trabajos contratados para realizar en áreas que ya están delimitadas y que representan unas 160 mil hectáreas más”, afirmó Celayes.

A ese número deben agregarse otras 254 mil pertenecientes a 23 comunidades mapuches que cuentan con sus escrituras y 14 mil que se transfirieron como tierras urbanas y subrurales a los municipios.

Por otra parte, en cuanto a planes de viviendas, se adjudicaron 350 hectáreas por el Plan Federal y el ADUS, y se están tramitando 500 más.

“641 títulos de propiedad fueron otorgados desde el comienzo de esta gestión a la fecha para áreas urbanas, subrurales y rurales y prevemos entregar 250 más cuando este Gobierno termine su mandato”, aseguró el titular de Tierras.

Tierras fiscales

La superficie total de Neuquén es de 9.000.000 de hectáreas, de las cuales 4.500.000 son tierras fiscales. Bajo jurisdicción de provincia hay 3.400.000 y el resto se reparte entre Parques Nacionales, áreas protegidas y la Corporación Interestadual Pulmarí.

En la actualidad hay cuatro normas sobre la adjudicación y usos de estas tierras. La primera es el decreto 2029 del gobernador Jorge Sapag que crea un banco de tierras por el que se establece que la adjudicación de tierras libres de ocupantes podrá realizarse por medio de licitación pública o adjudicación directa.

“Hay obligación de convocar públicamente cuando se adjudique un lote para un desarrollo inmobiliario, productivo o turístico y el resto entra en adjudicaciones directas que deben ser expuestas en los medios públicos antes del dictado de a norma legal. Por que si hay una oposición a algunos de los beneficiarios se puedan manifestar por escrito. Se consideran las objeciones y después se puede contestar favorablemente o se le niega la oposición. De esta manera entendemos que se transparenta mucho el manejo y se aplican criterios distintos según el fin para el cual se adjudica la tierra”, indicó el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya.

“La adjudicación directa es para viejos pobladores, comunidades aborígenes y transferencias a municipios o entes públicos. Mientras que al negocio inmobiliario lo blanquea, lo regula y lo transparenta este decreto. Para eso son las convocatorias públicas”, recalcó.

La otra norma tiene que ver con una ley que fue presentada en la Legislatura la semana pasada y que establece pautas mínimas comunes para garantizar la regulación del desarrollo urbanístico en áreas urbanas, suburbanas y rurales. “El objetivo es que la empresa que desarrolla estas urbanizaciones asegure a los que compran estos loteos la provisión de los servicios, la titularidad de la tierra, las mensuras y reservas de espacios públicos”, explicó Bertoya.

La tercera normativa, que todavía está en proceso de elaboración, es la de regulación dominial para gente que hace muchos años que habita un predio, que se le otorgó un título imperfecto y que pasados diez años de estar en esa situación pueda contar con un título definitivo. Y por último, la ley de bosques nativos (que ya está confeccionada y que será remitida a la Cámara) que establece utilización según el nivel de conservación asignado a cada zona.