Entre los años 2007 y 2011 Santiago del Estero a través de la Fiscalía de Estado, recuperó 127 mil hectáreas en todo su territorio. Los campos que volvieron a manos del Estado Provincial, están ubicados en los departamentos Copo, Alberdi, Mariano Moreno, Jiménez y Pellegrini.

Desde la fiscalía se advirtió sobre operaciones inmobiliarias irregulares, que quedan evidenciadas en los valores en los que se ofrecieron las hectáreas. Cuando su valor real es de 2 mil a 3 mil dólares, se las llegó a ofrecer a 200 pesos para posibilitar una venta inmediata.

El fiscal Raúl Abate, explicó que la recuperación de tierras comenzó en el año 2007 cuando se descubrió que superficies importantes y ubicadas en áreas estratégicas de la provincia habían sido usurpadas. “Se comenzó un trabajo de investigación de manera conjunta con la Dirección de Tierras, de Bosques y otras áreas del Gobierno, logrando la recuperación de grandes cantidades de terreno. El procedimiento más reciente logró recuperar 3 mil hectáreas y se desarrolló durante noviembre y diciembre del año pasado”, explicó.

Abate, agregó que las recuperaciones continúan “con acciones judiciales, ya sea iniciadas por la fiscalía como por la gente que debe devolver la tierra, que en muchos casos puede haber sido estafada por intermediarios locales que ofrecen tierras a valores irrisorios, cuando se sabe que están continuamente elevando sus precios. Esta gente debe sospechar que si compra una tierra a precios viles, probablemente están siendo objeto de una acción delictiva”.

Por otra parte indicó que existen también quienes se apoderan de campos a través de “una trama más elaborada, en la que se falsifican escrituras, actas de inscripciones e incluso se cuenta con la ayuda de algún empleado que haya actuado en la administración pública. A través de la adulteración de documentos intentan ingresar en los campos”. El fiscal también se refirió a una apropiación “de hecho” en la que al ver un campo libre, se ingresa y se comienza a desmontar.

En relación con el accionar de la fiscalía ante estos casos, explicó que “se inicia la acción penal, se realiza la denuncia y la mayoría de las veces nos constituimos como querellantes. Son actuaciones que demoran mucho tiempo y en la mayoría de los casos no encontramos un resultado positivo traducido en una sanción para los responsables de estos delitos”.

“Siempre hay alguien que hace la elaboración de estos hechos. A ese punto es a donde queremos llegar, adjudicar responsabilidades y que estos individuos sean llevados ante la justicia y que ésta determine que sanción les corresponde. Cuando comenzamos a actuar en el 2007, había una serie de maquinaciones que habían sido producidas en épocas anteriores a nuestra asunción en el año 2005. No descartamos que pueda haber algún empleado infiel o algún delincuente que esté dentro de la administración pública. Allí apuntamos, para purificar los cuadros de la administración pública” dijo.

Permuta con campos en Brasil

En relación a las reciente denuncia según la cual se permutaron con documentación apócrifa, ocho departamentos de la ciudad brasileña de Camboriú por 1240 hectáreas asentadas en el departamento Mariano Moreno el fiscal subrayó que “tenemos competencia para actuar siempre y cuando el Estado este de por medio”.

“Hemos tomado las prevenciones para determinar si la propiedad sobre la que se produjo el delito pertenece a la provincia de Santiago del Estero. Hemos pedido los informes y una vez que los tengamos veremos como actuar”, explicó.

Cabe recordar que según los denunciantes, un escribano concertó la presunta defraudación en el año 2007-2008. También estaría involucrado un agente inmobiliario porteño.

Abate, señaló que no puede permitirse “un rasgo de ingeniudad respecto a las complicidades que puede haber a nivel profesional”.

“En ese caso necesitaríamos la colaboración de todos los colegios y organismos que los nuclean para que se purifique también el cuadro de profesionales, con la debida energía que el cuadro amerita”, finalizó.