Termina el año y las provincias petroleras no tienen en su poder las acciones que le confirió la ley de expropiación de YPF. La norma fue sancionada el 3 de mayo y el 9 de agosto el gobernador Francisco Pérez firmó en la localidad de Ensenada (provincia de Buenos Aires) un acuerdo con el Gobierno nacional -y con el resto de los mandatarios de las provincias productoras de petróleo- para la "implementación de la ley 26.741". Sin embargo, 49% de 51% de las acciones que se le expropiaron a Repsol y que deben ir a las provincias siguen en manos del Estado nacional.

Por ahora, las provincias deben conformarse con tener un representante en el directorio de la petrolera (en el caso de Mendoza es el ex subsecretario de Pérez, Walter Vázquez). La ley de reestatización de la empresa previó que el Estado nacional "ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos correspondientes" a las provincias. De manera que la actual situación de transición está consignada en la norma.

"Por ahora no tenemos una fecha para concretar la cesión de acciones de la Nación a las provincias", reconoció el ministro de Infraestructura provincial, Rolando Baldasso, quien dijo sentirse "plenamente satisfecho" porque la situación de YPF en Mendoza cambió radicalmente desde que se estatizó la empresa. "No estamos preocupados, no hay urgencia para la cesión porque la ley fijó una sindicación de acciones por 50 años, de manera que todo el sector estatal actuará de una sola manera. Lo importante era tener un director en YPF, cosa que hemos logrado", agregó.

El Gobierno provincial también reconoció indirectamente que las acciones que la ley reserva para las provincias están aún en manos de la Nación en un documento que envió a la Fiscalía de Estado para responder una denuncia que hizo el diputado nacional Enrique Vaquié (UCR), quien sostiene que Pérez aceptó en Ensenada un 1,2% menos de acciones de las que le corresponden a Mendoza si se siguen los parámetros de "producción y reservas comprobadas" fijados por la ley 26.741.

El subsecretario Legal y Técnico de la Gobernación, Gustavo Tobares, mandó una carta a Fiscalía de Estado en la que señala que "es una facultad del Gobernador evaluar la oportunidad de emisión del decreto ratificatorio" del convenio de Ensenada y que la cesión dependerá de un acuerdo específico que firme la Provincia con la Nación para reglar la transferencia, algo que todavía no ha sucedido.

Siguiendo esta misma línea, Baldasso agregó ayer: "El Gobernador mandará el convenio a la Legislatura, eso es seguro. Pero él tiene la potestad de definir el mérito y la oportunidad (para hacerlo)". El ministro no supo precisar, de todas formas, si primero Pérez deberá firmar el acuerdo de cesión de acciones y luego mandar todo a la Legislatura o si debe enviar antes el acta de Ensenada a la Casa de las Leyes.

Para la Provincia, el acuerdo de Ensenada no es concluyente respecto a la cantidad de acciones por más que los porcentajes estén escritos en un anexo del mismo. Baldasso aseguró ayer que "estamos conformes porque no son números fijos, si mañana hay descubrimientos de reservas, ese porcentaje crecerá".

En su escrito, el subsecretario Tobares acota la importancia del convenio que firmó Pérez en Ensenada a un hecho "la conveniencia de la suscripción del Acuerdo está dada por la importancia de habilitar la integración de un representante de Mendoza en el directorio de YPF", sostuvo ante Fiscalía.

De este modo, el Gobierno buscó oficialmente sacarle importancia al Acuerdo de Implementación que firmó en agosto Pérez, el cual contiene el polémico anexo con la distribución accionaria de las provincias, en la que se fija para Mendoza 5%, menos de la mitad que Neuquén y menos incluso que Santa Cruz. Este anexo es el que impugna Vaquié, quien considera que Mendoza termina cediéndole a Santa Cruz, Chubut y Río Negro parte de sus acciones por una decisión política del kirchnerismo.

Para Vaquié, el Gobierno se arriesga demasiado ya que si el resto de las provincias productoras aceptan las acciones que se fijaron como piso en el acuerdo de Ensenada, Mendoza ya no podrá revertir la situación que él denunció como perjudicial. "Esto le pasó a San Luis, que no avaló ningún Pacto Fiscal pero como el resto de las provincias sí lo hicieron debe bancarse las condiciones que éstos acuerdos establecen".