En principio pasarían a pagar más unos 630 usuarios que están distribuidos en 14 barrios privados. Por una medida judicial, el gas nunca recibió subvenciones de la Nación.
"No tenemos nada nuevo. Hoy (por ayer) comenzó la semana y no tenemos ninguna comunicación respecto de ese tema todavía, no nos dijeron cuándo comenzaría a regir. Cuando lo tengamos lo vamos a comunicar", explicó la gerenta de Relaciones Institucionales de Edesal, Mariela Quiroga Gil, quien dijo que la empresa abastecedora de energía no fue notificada sobre la cantidad de clientes que pagarán más por el consumo. Sin embargo, a finales del año pasado, la Secretaría de Energía de la Nación había encargado a Edesal preparar un informe con la cantidad de usuarios con mayores ingresos económicos que viven en barrios privados que, en principio, eran los que perderían los subsidios estatales. Así, al culminar noviembre, la firma identificó que eran unos 630 residentes de 14 countries distribuidos entre San Luis, Villa Mercedes y Merlo.
En esa ocasión, el gerente comercial de Edesal, Walter Ortega, había dicho que esos usuarios pagarían el doble de lo que abonan por el consumo actual, es decir se pasaría de una factura mensual promedio de 100 o 120 pesos, a una de 200 o 240 pesos. Además, tampoco está muy claro si finalmente las boletas de ese ser servicio llegarán con una declaración jurada para que los clientes justifiquen los motivos por los que solicitan seguir recibiendo subsidios en el consumo.
"Son todas cuestiones de instrumentación sobre las que todavía no hay demasiadas precisiones", indicó el titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADEUCO), Jorge Olguín.
El gas, sin modificaciones. Pese a que el gas también era uno de los servicios que dejarían de recibir las subvenciones de la Nación, en la provincia las boletas seguirán emitiéndose con el precio vigente, independientemente de la situación económica de cada cliente en particular.
Los subsidios nunca llegaron a aplicarse por la acción de una medida judicial presentada en 2009 por Defensa del Consumidor del Gobierno provincial, con la que se frenó la puesta en práctica del Decreto Nº 2067/08, con el que se creaba un cargo extra para solventar la importación de gas natural para abastecer la demanda interna. La medida cautelar también afectó las disposiciones complementarias subsiguientes, entre las que se encuentran las subvenciones estatales de la Nación para ese servicio.
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