Después de los anuncios del ministro de Energía Aranguren, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal también estudia la posibilidad de incrementar las tarifas en un 35% a las distribuidoras de luz que operan en el interior del territorio bonaerense, como la Usina de Tandil.

El análisis corre por cuenta del ministerio de Infraestructura, a cargo de Roberto Gigante, que espera un informe elaborado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA) tras las audiencias públicas realizadas en diciembre en la que las empresas prestadoras del servicio pidieron subas de entre 38 y 80% para “compensar costos operativos”.

El estudio incluye, por un lado, el pedido de aumento de tarifas y el plan de inversiones a cinco años que presentaron las distribuidoras que prestan servicios en el interior -EDEN, EDEA, EDELAP y EDES- durante las audiencias realizadas a fines de diciembre en La Plata y Olavarría y, por otro, las objeciones y cuestionamientos que realizaron los usuarios a esas pretensiones. Además, comprende las recomendaciones propias del Comité de Ejecución del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (Certi), que integra el OCEBA.

Independientemente de ese análisis técnico y de los incrementos anunciados por Aranguren, la suba corre por cuenta de la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Infraestructura. Y en este sentido, el aumento que estudian aplicar es del 35% promedio para los usuarios residenciales.

Aún si esto se produjera, queda por definir si la medida entrará en vigencia a partir de febrero, en línea con el tarifazo anunciado por el gobierno nacional para los usuarios de Edenor y Edesur en el Conurbano bonaerense, o si regirá recién a partir de marzo.