La medida fue tomada por el juez federal Luis Armella, quien el martes fue separado por la Corte Suprema de Justicia de la causa en la que tenía encargado el seguimiento del fallo que ordena sanear la cuenca Matanza Riachuelo, a raíz de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la contratación directa de obras a través de empresas al parecer vinculadas con el magistrado.

La intervención se originó a partir de un pedido de los legisladores bonaerenses por el denarvaísmo Gonzalo Atanasof y Mauricio D'Alessandro y recayó sobre Humberto Ferrarini, especialista en concursos y quiebras.

Según informó hoy el diputado D'Alessandro, la resolución decreta la intervención que obliga al veedor a realizar un primer informe sobre la situación económico-financiera de la empresa en el plazo de 10 días y luego uno mensual.

"Entre las funciones del interventor están la efectiva ejecución, en el menor tiempo posible y de conformidad con los requisitos técnicos de calidad exigidos por la autoridad de aplicación" de un conjunto de trabajos pendientes a los que la firma "está obligada conforme el contrato de concesión", detalló un comunicado.

Concretamente, se trata del tercer y cuarto carril de los tramos Debenedetti-Quilmes, Quilmes-Hudson y Hudson-La Plata; el distribuidor de 520 y 120, en la ciudad de La Plata; el distribuidor de Villa Elisa, a la altura del Parque Ecológico; la carpeta asfáltica de banquina externa en el tramo Hudson-La Plata; y la repavimentación y señalización de diferentes sectores caracterizados como en estado de abandono.

Los legisladores que pedían la medida judicial se mostraron satisfechos con la medida dispuesta y dijeron que "es la primera vez que los usuarios van a tener control efectivo sobre la ejecución de las obras pendientes".

"La resolución judicial destraba el conflicto y pone en blanco sobre negro el destino de los aumentos del peaje. Esta supo ser la autopista más cara del mundo y por ella circulan 205.000 vehículos por día", remarcaron.