El gobierno de Celso Jaque acusó al intendente Jorge Difonso de armar una operación política a partir del otorgamiento de un permiso a una compañía canadiense para explorar minerales metalíferos en San Carlos e informó que en los últimos 10 años en Mendoza se otorgaron unas 500 autorizaciones como la solicitada para buscar oro en el Valle de Uco, para explorar distinto tipos de minerales en diferentes zonas de la provincia.

“Con temores no vamos a gobernar Mendoza”, replicó Walter Vázquez, subsecretario de Hidrocarburos, Minería y Energía de la Provincia. El funcionario fue mandado como vocero no sólo de Jaque sino del gobernador que viene Francisco Pérez, a refutar el ataque del jefe comunal de San Carlos. Vázquez -ostenta un lugar de privilegio en la lista de presuntos ministro del gabinete de Paco Pérez, nómina más extensa que la de los ministerios- enfatizó que hablaba por el gobierno que se va y por el que viene durante una conferencia de prensa convocada pasado el mediodía de este jueves en la Casa de Gobierno.

El subsecretario, introducido a la gestión de Jaque por Paco Pérez, aseguró que legalmente la Provincia no podía frenar el permiso concedido a la minera interesada en el oro de San Carlos. Ni para negarle la misma autorización un día después (fue publicado este jueves en el Boletín Oficial) a la compañía Geoandina para iniciar la mensura de las existencias de plata y cobre en una zona cordillerana del límite entre Luján y Las Heras.

Vázquez relativizó la trascendencia del paso dado por la minera canadiense Teck Cominco para llegar finalmente a extraer, tratar y explotar minerales que hoy se cobijan en la montaña sancarlina. Pero puso dos ejemplos diferentes en su origen y en el resultado final para dejar abierta todas las posibilidades para el fracaso o el éxito de los canadienses en su aspiración por explotar el oro del Valle de Uco: Vale y San Jorge.

El primer proyecto, a cargo de una compañía brasileña, se localiza en Malargüe y consiste en la explotación de sales de potasio. Están en marcha después de sortear todas las condiciones impuestas por la Ley 7.722 de Minería de la Provincia y por el Código Minero de la Nación. El segundo, atravesó todas las instancias ambientales y, a los empujones, las sociales previstas en la norma local pero sucumbió frente a las necesidades electorales de los candidatos del radicalismo (Roberto Iglesias) y el justicialismo (Pérez), quedándose sin la necesaria aprobación legislativa para iniciar la actividad.

El primer paso

El sólo otorgamiento de ese primer permiso no implica que necesariamente la compañía canadiense llegará a extraer y tratar minerales en San Carlos, pero es el primer paso que tiene que encarar cualquier empresa interesada en la rentabilidad de la explotación dfe los minerales mendocinos. El camino posterior al primer paso prevé estudios de impacto ambiental de todas las aristas del proyecto, como la realización de una audiencia pública no vinculante, antes de que el Ejecutivo se expida sobre la viabilidad ambiental y social de un proyecto minero.

En el caso de una aprobación por parte del Gobierno, es necesaria la ratificación legislativa antes de que la compañía autorizada pueda explorar una mina. En el caso de San Jorge, el proyecto que preveía la extracción de metales en Uspallata, obtuvo todas las autorizaciones pertinentes, hasta la adjudicación por parte del Ejecutivo, pero se cayó por decisión de los bloques legislativos tanto del PJ como de la UCR, por pedido de los candidatos.

Alerta, la Laguna del Diamante en zona de interés minero

El subsecretario Vázquez reconoció que una parcela del área sobre la que la compañía canadiense está interesada en hacer minería “podría coincidir con la zona de reserva protegida” de la Laguna del Diamante. Informó que este jueves en la mañana, un día después de que se publicara en el Boletín Oficial la autorización para Teck Cominco, desde la Secretaría de Ambiente del gobierno le advirtieron que había superpoción de intereses ambientales y mineros en un trozo de la superficie que fue liberada para los estudios previos a la práctica efectiva de la actividad minera.

Vázquez negó que esa situación sea conflictiva y aseguró que en la zona protegida ambientalmente no se llevará a cabo ninguna actividad relacionada con el negocio minero. “Se puede pedir la relocalización del proyecto en el caso de que se superponga el área con la zona protegida”, afirmó el funcionario.