La Nación y el Gobierno de Salta firmaron ayer un acuerdo para poner fin a la problemática que desde hace años se plantea con el alojamiento de los presos federales en establecimientos provinciales.

Se harán traslados progresivos de presos a las cárceles federales de Cerrillos, Jujuy, Santiago del Estero y Marcos Paz.

“Con el compromiso asumido por el Gobierno federal se logrará una solución integral a esta cuestión”, aseguró el ministro de Gobierno, Pablo Kosiner, quien acompañó al gobernador Juan Manuel Urtubey y al presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Posadas, en la reunión que mantuvieron en Buenos Aires con el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak.

En la oportunidad el funcionario anunció la implementación de un cronograma progresivo para el traslado de presos federales que permanecen en dependencias provinciales a establecimientos penitenciarios federales. En la actualidad hay 27 personas en comisarías locales, 8 en la Guardia de Tribunales de la Ciudad Judicial y unos 150 en las distintas unidades carcelarias de la provincia.

La reducción del número de presos federales alojados en dependencias provinciales viene experimentando una paulatina reducción producto del cumplimiento de un fallo del juez federal de Salta, Julio Bavio, que hace seis meses hizo lugar a un hábeas corpus correctivo a raiz de las denuncias por hacinamiento que sufrían los presos alojados en la Guardia de Tribunales y en las instalaciones de la Dirección de Drogas Peligrosas. El magistrado ordenó que los detenidos sea trasladados a la unidad carcelaria federal de Cerrillos. El fallo de Bavio fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Durante la reunión con Alak, el titular de la Corte de Justicia de Salta señaló que este tribunal, desde el año pasado, viene advirtiendo sobre el sobrepoblamiento de los establecimientos provinciales como consecuencia de que se alberga allí a los presos federales. Esta situación fue explicitada por acordada 10478, donde se consignó la presencia de presos de jurisdicción federal como causa del agravamiento de las condiciones de alojamiento de internos provinciales.

El pasado 10 de agosto, en tanto, la Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Provincia acordaron llevar adelante un planteo conjunto pidiendo una solución de fondo. Para ello, se hizo un relevamiento previo encomendado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia y al Juzgado de Detenidos y Garantías, lo que permitió corroborar la persistencia de la situación.

En el encuentro con el ministro Julio Alak se analizó la disponibilidad en los establecimientos carcelarios en la provincia. En este marco, el funcionario aseguró que el problema quedará solucionado definitivamente en abril de 2011 con la habilitación de la Cárcel Federal de General Güemes.

La construcción finalizará en diciembre, pero recién en abril se completará el equipamiento y capacitación del personal. Este penal tendrá capacidad para 488 internos y, hasta tanto sea habilitado, los reclusos serán ubicados en los penales de Cerrillos, Jujuy, Santiago del Estero, Marcos Paz y Ezeiza. En este último caso, podrán ser albergadas las mujeres con hijos menores.