Tras el fallecimiento del Fiscal de Estado bonaerense, se abre un escenario de negociación entre el sciolismo y el kirchnerismo. El reemplazante deberá ser elegido por Daniel Scioli con un acuerdo en el Senado. Ricardo Casal y María del Carmen Falbo, como posibles candidatos al cargo.
Szelagowski falleció hoy a los 84 años tras permanecer internado durante varios días por una complicación respiratoria. De extracción radical, había sido nombrado por el gobernador radical Alejandro Armendáriz, cuatro días antes de que asumiera Antonio Cafiero, en 1987.
De manera interina, la Fiscalía quedará a cargo del adjunto, Hernán Gómez, también de extracción radical y actualmente decano de la facultad de Derecho de la Universidad de La Plata.
El Fiscal de Estado es elegido por el gobernador de turno con un acuerdo del Senado, algo que por estas horas parece una quimera. El cargo es vitalicio, como el de la Procuración General y el Tribunal de Cuentas.
Si bien hay quienes sostienen que el cargo debe ser ocupado por un referente opositor, por ahora en el sciolismo y descartan esa posibilidad con la excusa que Szelagowski había sido elegido por un gobierno radical.
Por estas horas, ya circulan nombres para ocupar la Fiscalía. Se sabe que la actual procuradora de la Corte, María del Carmen Falbo, siempre aspiró a ese cargo. Otro que quiere anotarse es el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. Ambos están apuntados por el kirchnerismo.
En el sciolismo aseguran que Falbo o Casal tendrían una salida elegante. Puntualmente consideran que con estos nombres podría abrirse una carta de negociación con el kirchnerismo.
En el caso de Casal, con un enroque de estas características, el sciolismo evitaría pagar el precio político de una renuncia y el kirchnerismo ganaría un lugar político más fuerte que la Fiscalía de Estado.
El rol del Fiscal de Estado es "representar a la Provincia, sus organismos autárquicos y cualquier otra forma de descentralización administrativa, en todos los juicios en que se controviertan sus intereses, cualquiera sea su fuero o jurisdicción".
Entre sus atribuciones se encuentra la de impugnar judicialmente las decisiones administrativas que considere dictadas en contra de la Constitución, las leyes o los reglamentos.
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