Ya están listas las demandas por la coparticipación del impuesto al cheque y contra una ley de seguros.
Sumarán demandas a la embestida judicial por recursos federales
La Provincia llevará a la Corte otras causas en contra de la Nación
Ya están listas las demandas por la coparticipación del impuesto al cheque y contra una ley de seguros.
A la corte. Catamarca se sumó a la vía abierta por otras provincias.
Política y Economía
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En Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno están terminando de pulir un par de demandas más en contra del Gobierno Nacional, que serán presentadas en breve ante la Corte de Justicia de la Nación y que se suman a las demandas ya planteadas por la Provincia por el 82% móvil de los jubilados transferidos, el financiamiento de AFIP con recursos de la coparticipación y las retenciones mineras.
El fiscal de Estado, Simón Hernández, informó que como parte de la estrategia judicial del Estado provincial para reclamar recursos que, por distintas vías, son adeudados por la Nación o detraídos de la coparticipación federal se ha decidido avanzar en otros frentes judiciales.
Los abogados del Estado ya tienen prácticamente lista la demanda contra la Nación por la coparticipación del impuesto al cheque, un reclamo generalizado de las provincias que los legisladores nacionales –con la nueva composición del Congreso- podrían resolver por vía legislativa.
En caso de que no avance la alternativa política, la Provincia iniciará la demanda para obtener los beneficios de la coparticipación de ese impuesto que se paga con todos los débitos y créditos bancarios.
Otro tema que será causa de disputa judicial con la Nación es una detracción de la masa coparticipable que afecta a las provincias en general en virtud de la ley de seguros. Hernández mencionó que las otras demandas en puerta son la que apuesta a recuperar los fondos provinciales invertidos en materia de vivienda y que deberían haber sido afrontados con recursos federales y una deuda por la transferencia de servicios educativos, que se originó en los 90 con la ley de reforma del Estado que supuso, entre otras cosas, la transferencia de las obligaciones en materia educativa y sanitaria a las provincias.
La decisión política del Gobernador de avanzar en el reclamo judicial de fondos adeudados o retenidos por la Nación llegó en 2009, después de haber dejado asentada una serie de planteos administrativos por las distintas partidas afectadas. Ya son varias las provincias que activaron la vía judicial contra el Estado nacional.
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