Si la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no hubiera vetado la ley que otorgaba el 82% a todos los jubilados del país, la Provincia podría haberse ahorrado desde el próximo mes cerca de $8,5 millones. Eso es lo que actualmente le cuesta al Gobierno local hacer frente al pago del 82% móvil a los jubilados transferidos en 1995.

El titular de la Oficina Provincial de Asuntos Previsionales (OPAP), Carlos Ortiz, informó que en septiembre la Provincia debió desembolsar unos $10 millones para hacer frente al 82% móvil. Y esta cifra descendió en octubre a partir del aumento dispuesto por la Nación a las jubilaciones mínimas, lo que equiparó –de algún modo- el incremento del 15% blanqueado a los empleados públicos provinciales, al igual que el aumento en los topes.

“En la última liquidación, cuando se produce la compensación por el aumento de la jubilación mínima de la ANSES, el desembolso por la asignación complementaria quedó en alrededor de $8.500.000. Con esto se logró un ahorro por el aumento general dispuesto por ANSES para los jubilados, algo que se acerca un poco más al 82% que estamos liquidando nosotros”, explicó Ortiz a El Ancasti.

El funcionario reconoció que, de haber prosperado la ley sobre el 82% móvil, la Provincia hubiera dejado de aportar los más de $8 millones mensuales que destina para los pasivos locales. “Para los transferidos, no hubiera sido sustancial el impacto de la medida. Pero no así para los que se jubilaron posteriormente. Y la Provincia se liberaría del pago de la asignación complementaria”, analizó Ortiz.

Retroactivo

El retroactivo que se abona a jubilados representan unos $2,5 millones por mes. La última cuota que corresponde a diciembre se liquidará en enero. Esto significa que quedaría fija una erogación de $6 millones desde febrero de 2011. “El cálculo es en base a un escenario actual. Los jubilados están pidiendo un blanqueo del 16% que se dio a los activos y hay que ver si surgen otros impactos”, aclaró Ortiz.

IMPACTO

Con la ley del 82% móvil vetada por la Presidenta, la jubilación mínima habría quedado en $1.400. En la actualidad, la ANSES paga una mínima que ronda los $1.090. El impacto hubiese sido del 30%.