La sesión inaugural en lo que respecta a debate parlamentario realizada en el moderno edificio de la Legislatura tucumana no se privó de consumir un extenso período de duración (casi nueve horas) a lo largo del cual uno de los principales temas que desataron los mayores cruces entre oficialismo y oposición estuvo demarcado por los fondos monetarios que el Estado provincial desembolsará para hacer frente a una fracción de la planilla salarial de las empresas de call center y una firma de software.

En tal sentido, mientras que desde el alperovismo se defendieron los beneficios económicos y de promoción hacia el mercado de trabajo que fomentan dichas empresas radicadas en la comarca, las críticas se sustentaron en remarcar la precariedad laboral a la que se somete al personal que desempeña funciones allí, en tanto que se atacó el grado de inversiones temporarias que garantizan este tipo de emprendimientos.

El proyecto en sí, determina que el Gobierno subsidiará el equivalente al 25 por ciento de las retribuciones brutas mensuales que las firmas abonen a sus empleados, siempre y cuando el salario indicado no supere los 3.150 pesos.

Como contrapartida, las compañías deben cumplir como requisito indispensable el mantenimiento de una fuerza de trabajo mínima que entre las cuatro empresas llega a los 4.200 empleados. Asimismo, se indica que el subsidio será entregado por períodos anuales renovables de hasta un máximo de cuatro años.

"La industria del call-center fue una de las políticas más acertadas de esta gestión para la generación de puestos de trabajo para los jóvenes, siendo un trabajo seguro y que permite la flexibilidad, ya sea para que prosigan con sus estudios y les sirve de sustento para ellos y su familia", sostuvo Marcelo Ditinis (PJ), uno de los impulsores de la iniciativa.

Previendo las posibles objeciones que se instrumentarían luego de su alocución, el joven parlamentario indicó que "hay muchos que ensucian la imagen de los call, pero sin siquiera conocerlos", paralelamente, adujo que la ley en cuestión otorga menos beneficios que normativas anteriores pero con más medidas de control y restricciones.

Quien inició el camino de los argumentos en contra de este proyecto fue la radical Silvia Elías de Pérez, pues solicitó que antes de haber incurrido en el tratamiento respectivo, se debió haber efectuado un análisis profundo sobre las afecciones (auditivas y neurológicas) en la salud de los empleados que se contratan. "Los subsidios deben ser acompañados por planes de protección para los jóvenes", señaló, a modo de referir a una norma que reglamente el tipo de trabajo que se presta en estas firmas.

Por su parte, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) arremetió contra el destino específico que tiende a ser beneficiado con la implementación de esta metodología subsidiaria. "Esta ley tiene nombre y apellido, lo cual no debe ser así. Se necesitan leyes marco para determinar quién se quedará con los subsidios", alegó.

Seguidamente, hizo alusión al régimen de operatividad al que es sometido el personal, al indicar que "los chicos terminan exhaustos porque son jornadas muy duras y mal retribuidas económicamente". Al respecto, mostró una boleta de sueldo perteneciente a un empleado que tiene una antigüedad de más de tres años en una de esas empresas, cuyo monto a cobrar llegaba apenas a los 1.249 pesos.

"Tucumán fue extorsionada por estas empresas (para obtener el beneficio económico) porque de lo contrario se iban de la provincia. Necesitamos buscar inversiones que se radiquen por un tiempo mucho más extenso", concluyó el republicano.

Llamativamente, y relacionado con los últimos conceptos, tomó la palabra Guillermo Gassenbauer (también perteneciente a la bancada Tucumán Crece) y por más que su intención haya sido apoyar la iniciativa, sus argumentos quizás no fueron los adecuados. En su discurso, el legislador reconoció que "esta industria (contact-center) es golondrina, ya que no le cuesta mucho levantarse y radicarse en otro lugar. Por eso, como provincia tenemos la obligación de apoyar a las empresas para no perder los 6.000 puestos de trabajo" que se estima otorga este tipo de entidades.

Al respecto, de acuerdo a lo manifestado por Marcelo Caponio (PJ), Tucumán es la tercera provincia a nivel país en cantidad de personal que se desempeña en la prestación de servicios telefónicos, en aquellas jurisdicciones en las que se instalaron las empresas afectadas a esta labor.

Contrataciones

Se estima que a lo largo de los años que se fijaron como límite para el otorgamiento de los subsidios, la comarca desembolsará una suma cercana a los 212 millones de pesos. Tal monto, de acuerdo a la interpretación de Federico Romano Norri (UCR) no se corresponde con las ventajas y garantías que otorga el establecimiento de estas firmas, pues "al irse no dejan ninguna clase de mejora. Es una forma artificial de generar empleo", añadió.

A su vez, los aspectos vinculados con los modos de contratación fueron puestos sobre el tapete por parte del democristiano José Páez, para quien es necesaria la instrumentación de un convenio colectivo de trabajo específico a la actividad, dado que los trabajadores de esa área se rigen de acuerdo a las pautas de los empleados de Comercio. Otro de los puntos cuestionados fue el concepto en la forma de pago, "en la boleta de sueldo de los chicos figuran sumas remunerativas y no remunerativas, o sea que aportamos dinero para una retribución injusta que ya no es propia del Estado, sino también de los privados", consideró Páez.

Otro de las voces oficialistas que buscaron deslegitimar las críticas emanadas, fue la de Gerónimo Vargas Aignasse, quien afirmó que los call center aglutinan a más trabajadores permanentes que los ingenios azucareros "y no escuché a ningún opositor que critique a los planes interzafra destinados a los obreros temporarios" de esas industrias. Para rematar, el peronista dijo que los jóvenes "que hacen carrera pueden llegar a ganar hasta 7.000 pesos" en esas empresas.

Finalmente, al momento de la votación, el oficialismo a pleno avaló la medida, mientras que los opositores presentes (seis) la rechazaron, en tanto que Alberto Colombres Garmendia (PRO) se había retirado del recinto.