Con un atraso de hasta once días, según el caso, finalmente los municipios que aún no habían cancelado sus obligaciones recibieron los fondos que necesitaban para hacer frente al pago de su nómina salarial.

En el caso de los que ya lo habían hecho, merced a suspender la atención de otras necesidades, la provincia estableció conversaciones con cada uno, para establecer los mecanismos con los cuales se equilibrarán esas cuentas.

Luego de varias idas y venidas, finalmente el gobierno provincial envió los adelantos de coparticipación necesarios para que las comunas que aún no habían pagado sus sueldos pudieran hacerlo. Esto ocurre en medio del debate sobre la responsabilidad fiscal a la que deben acotarse los municipios y que hoy no aplican.

Sin información

Una de las tareas que no se realizan es el cumplimiento del envío de la información al SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, al cual deben comenzar a enviar, sistemáticamente, detalles completos de su nómina salarial, a partir del acuerdo que el Estado nacional, a través de la AFIP y la provincia de Santa Cruz, firmó en el marco del programa de Responsabilidad Fiscal.

Además de varios municipios que no lo han hecho, tampoco ha informado su nómina salarial el Poder Judicial de Santa Cruz, uno de los estamentos que se ha manejado, también, en forma independiente de la pauta de incremento de sueldos provincial, creando una isla salarial única.

“No puede ser que tengamos sueldos de 30 o 40 mil pesos, cuando hay gente que en la Administración Pública cobra 3.500 pesos”, dijo en su momento el diputado electo Miguel Guanes, en el marco de su defensa sobre el reclamo de envío de fondos a la provincia y remarcando que “si hay ajuste, debe ser para todos”.

Proyecto en debate

La próxima semana, la Cámara de Diputados podría comenzar a analizar el proyecto de Jorge Arabel, de creación de un régimen de financiamiento para los municipios. En dicha norma se perdonan las deudas que hoy tienen las comunas con el Estado provincial “por todo concepto”, lo que implica no sólo los adelantos de coparticipación de los que hayan gozado, sino también podría incluir los aportes adeudados a las Cajas de Previsión y de Servicio Social.

Si bien se habla de una suerte de compromiso de responsabilidad fiscal, sólo plantea que el mismo se haga en cuanto al ingreso de personal y a la pauta salarial, planteando que esta última se ajuste a la que proyecta el Estado provincial para sus propios empleados.

Justamente esto se presenta cuando, en medio del debate, el intendente de El Calafate, de donde es oriundo Arabel, había planteado que no podría pagar el premio especial de mil pesos a sus trabajadores, por no recibir los fondos de aportes para déficit de la provincia. Premio que no está contemplado en la política salarial de la provincia y que de efectivizarse “a fin de año”, como dijo el intendente, estaría siendo, virtualmente, financiado por los habitantes de Santa Cruz.