La provincia lleva detectados 21,9 millones de metros cuadrados construidos sin declarar en el programa Juntos Vamos a Tomar Medidas, que lleva a delante Catastro junto con los municipios. La cifra representa el 23 por ciento de la superficie declarada, y permitió incorporar a los registros provinciales 10,3 millones de metros cuadrados. En dinero, y desde que comenzó el programa, significa una potencial incorporación de 100 millones de pesos a las arcas oficiales, sólo por impuesto inmobiliario urbano.

La cifra surgió luego de que se dieran a conocer los resultados de los últimos estudios, que arrojaron un total de 1,5 millón de metros cuadrados fantasma en diez localidades de la provincia.

Tal como lo publicó LaCapital en su edición de ayer, el gobierno entregó los resultados de la fiscalización a los intendentes y jefes comunales de San Lorenzo, Alcorta, Máximo Paz, Soldini, Coronel Bogado, Coronel Domínguez, Albarellos, Uranga, Arminda y Pueblo Muñoz, donde se detectó en conjunto el millón y medio de metros construidos y que no estaban en los registros catastrales.

El programa Juntos Vamos a Tomar Medidas comenzó en 2009 con las primeras pruebas piloto, y tomó fuerte impulso a partir de 2010. Se realiza en forma conjunta entre la administración provincial —a través de Catastro—, y los gobiernos municipales y comunales. En diálogo con este diario, el administrador del Servicio de Catastro e Información Territorial, Horacio Palavecino, explicó que los intendentes y presidentes de comuna deben adherir al programa, que de acuerdo a la cantidad de irregularidades en la declaración de las construcciones y del pago en los tributos, se puede dividir en dos etapas. "En esos casos se hace un corte y se comienza con las superficies de más de 100 metros cuadrados", detalló. En lo que va del programa, en las 130 localidades que adhirieron, 10 se encuentran en la segunda etapa, como San Lorenzo, Venado Tuerto, Granadero Baigorria y Rufino.

Las construcciones no declaradas detectadas hasta ahora desde el principio del plan representan un avalúo fiscal de 2.018 millones de pesos (a raíz de 300 pesos el metro cuadrado), lo que representó hasta el momento una emisión por impuesto inmobiliario de 100 millones de pesos.

Las últimas diez

En el caso de las diez localidades cuyos resultados se dieron a conocer el viernes, se detectaron más de 21.301 casos con irregularidades y se lograron procesar, es decir incorporar a la base, unos 4.573 casos, lo cual significó una incorporación de la superficie edificada de cerca de 520 mil metros cuadrados.

En términos absolutos, la más significativa fue la ciudad de San Lorenzo, donde en esta segunda etapa se detectaron 606.243 metros cuadrados, de los cuales se incorporaron al catastro 102.146, lo que significa una valuación fiscal de 20.109.568 pesos. Pero en términos relativos, la más llamativa fue Soldini, donde la superficie no declarada superó a la que estaba registrada: el pueblo incrementó en un 109 por ciento los metros cuadrados incorporados, con lo que la valuación fiscal creció en un 146 por ciento.

"En el caso de Soldini, como el de Pueblo Muñoz, antes de empezar a cargar los datos tuvimos que actualizar el casco urbano, porque se trata de localidades que se expandieron sustancialmente", recordó el jefe de Catastro .

Van por más

Los municipios se interesan en el programa ya que en términos recaudatorios no sólo pueden cobrar la tasa local de inmueble, sino que reciben además el 50 por ciento de lo que se recauda por impuesto inmobiliario provincial. Por eso, el ministro de Economía de la provincia, Angel Sciara, tiene expectativas en ese trabajo conjunto, que "hoy abarca a 130 municipios y comunas de las 362 que integran la provincia, pero en la medida en la que los presidentes de comunas e intendentes acepten participar, nosotros vamos a seguir cubriendo la totalidad del territorio".

La diferencia entre la superficie detectada y la incorporada al catastro tiene una explicación. Palavecino reveló que esto se resuelve con los presidentes comunales, y se toman los casos más significativos, ya que las irregularidades van de grandes superficies a construcciones muy pequeñas. "En Funes, por ejemplo, cortamos en los 140 metros cuadrados, cargamos solamente las construcciones por encima de esa superficie", graficó.

El programa

El programa registra mediante el uso de imágenes satelitales las construcciones no declaradas que están fuera de tributación y las incorpora al registro. Se notifica a los propietarios, quienes dan su conformidad o alegan algunas modificaciones, y a partir de ese momento empiezan a estar disponibles para el impuestos inmobiliario y para las tasas locales. En general, las construcciones no declaradas dependen del perfil de la localidad. "Un ejemplo de esto lo da Pueblo Esther, donde las irregularidades se dieron sobre todo en casas quintas o residenciales", dijo Palavecino.

Mientras tanto, de los 50 municipios que tiene la provincia sólo tres no han adherido al programa. Uno de ellos es Rosario, que no ingresa directamente por su escala, y donde se sectoriza la fiscalización en aspectos puntuales, desde Catastro junto al municipios, en shoppings, hoteles y centros comerciales, entre otros. Las otras dos son Villa Constitución y Cañada de Gómez. Al respecto, el funcionario de Catastro afirmó: "Las estamos esperando. Si no adhieren, seguiremos con las segundas etapas de las que ya no han hecho. Como está la cosa, creo que no tenemos que terminar nunca, podemos seguir incorporando localidades o trabajando en segundas etapas. Lo que no podemos permitir es que vuelvan a pasar 20 años sin que haya actualizaciones", remató.