"Yo no puedo renunciar porque represento al Gobierno de Catamarca", dijo Brizuela ayer.
Consultado por la prensa, el primer mandatario explicó que "no hubo un planteo formal (de Nación para hacer caer las demandas provinciales), sino conversaciones" y, para más detalle, admitió: "Ya hemos tenido de algunos funcionarios conversaciones en las que nos exigirían la renuncia, como lo están haciendo con otras provincias, de todos los juicios".
Tras admitir las presiones desde el Gobierno Nacional, Brizuela prometió que no desistirá de los planteos ante la Corte Suprema de Justicia: "Yo no puedo renunciar porque represento al Gobierno de la Provincia de Catamarca", dijo y remarcó además que algunas demandas "están en un tramo que han llegado muy bien a su etapa final, con lo que no vamos a renunciar", insistió.
Cuando El Ancasti dio a conocer hace dos semanas la noticia de que la Nación estaba exigiendo a las provincias, entre ellas a Catamarca, que desistieran de las demandas judiciales contra el Estado Nacional como condición para acceder al programa de desendeudamiento, desde el Gobierno local no quisieron admitir la información públicamente a riesgo de que naufragaran las negociaciones, pero ayer el primer mandatario reconoció la situación y ratificó las declaraciones de sus ministros de Hacienda y Gobierno, quienes vienen señalando que la Provincia ya cumplió todos los pasos formales para acceder al programa de desendeudamiento que liberaría a la provincia hasta fines de 2011 del pago de intereses de la deuda pública, y que sólo resta que sean convocados desde la Presidencia para la firma del acuerdo. "Ya se consensuaron los montos y estamos esperando que me llamen a mí o al equipo de Economía para firmar ese convenio definitivo, que significaría 18 ó 19 millones por mes, dinero que no nos regalan, sino que pasan al capital (de la deuda) desde 2012", señaló el primer mandatario.
Entre 2009 y lo que va de 2010, la Provincia inició al menos cinco demandas en contra del Estado Nacional en reclamo por el cumplimiento o derogación de leyes que tienen consecuencias económicas negativas para Catamarca. La demanda que ya tuvo su primer capítulo en la Corte -con una audiencia entre las partes- fue aquella por la que se reclama el reconocimiento por parte de Nación del 82% móvil que la Provincia paga a los jubilados transferidos. Pero también existen en la Corte otros planteos, por la coparticipación del impuesto al cheque, en contra de las rentenciones a la minería y otros temas.

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