El Gobierno provincial presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La acción judicial, que lleva la firma del gobernador Luis Beder Herrera, es una acción declarativa de inconstitucionalidad.

La clave de la presentación judicial se expresa cuando expone el objeto de la acción judicial: “Se interpone en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), una acción declarativa de inconstitucionalidad, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad por omisión de la demandada, toda vez que a partir del año 2002 se ha negado a efectuar la reexpresión de los bonos de crédito fiscal en las cuentas corrientes computarizadas, pese a que aquéllos deben reflejar los costos fiscales teóricos de los proyectos promovidos, y la reexpresión está prevista en la Resolución (ME) 1280/92. Se solicita así que se despeje el estado de incertidumbre generado por sucesivos y disímiles pronunciamientos de tribunales de distinta jurisdicción e instancia, en cuanto a la interpretación y alcances de la normativa vigente aplicable y el respeto al derecho de propiedad de las empresas beneficiadas por los regímenes de promoción industrial en la Provincia de La Rioja”.

Según explicaron los equipos técnicos de la Provincia, el objetivo es que la Corte Suprema de Justicia intervenga en el debate sobre la actualización de los bonos fiscales. Al mismo tiempo le pide que despeje las dudas generadas por los fallos contradictorios que se conocieron sobre el tema en las diferentes Cámaras que fueron interviniendo.

La AFIP reclama que las empresas devuelvan un monto que en el Gobierno provincial estiman en 1000 millones de pesos y que se originan en impuestos no pagados por considerar que los bonos se podían actualizar.

Interesada

En la presentación el Gobierno provincial, que actuó bajo la coordinación de la Fiscalía de Estado, expresa que está directamente afectada por la situación.

“Se destaca que el protagonismo de las autoridades locales en la implementación, ejecución y control de la promoción, se encuentra justificada en la repercusión directa que tiene la promoción en los intereses económicos y sociales de la provincia. La Provincia de La Rioja, tal como se demostrará en esta presentación es beneficiada de manera directa por los regímenes de Promoción Industrial aprobados mediante la ley 22.021, y extendidos a provincias como Catamarca y San Luis, a través de la ley 22.702, al igual que a la provincia de San Juan. En todos estos casos, se dispuso en el año 2010, una prórroga mediante el Decreto N° 699/10 del Poder Ejecutivo nacional”, sostiene.