Las organizaciones de Derechos Humanos pidieron por la remoción de la cúpula policial luego de los incidentes en la alcaidía y solicitaron a la Justicia Federal que acepte la querella por la causa Braunstein
Con la manifestación que se realiza todos los años, se descubrió una placa en el edificio de la Policía Federal indicando que allí funcionó un centro de detención clandestino y se dijeron palabras en las que se recordó a los desaparecidos de nuestra ciudad.
Convocada por la Comisión de la Memoria, HIJOS, Madres de Plaza de Mayo y la Mesa de Juicio y Castigo, la marcha llevó la consigna: "Por un Bicentenario con Memoria, Verdad y Justicia". Luciano Giuliani, de HIJOS, indicó que "el objetivo principal es que la Justicia Federal acepte la presentación de la querella de la Comisión Municipal de la Memoria". Agregó: "Es un hecho muy importante porque es la primera comisión que se presenta en estas características, más con el apoyo del Municipio y el acompañamiento de diferentes organizaciones".
Indicó que, por otro lado, se plantea el principio de la jurisdicción en el pedido de que se investigue la causa en el Juzgado de Instrucción de Río Cuarto, "porque así corresponde, no es un argumento político, sino legal".
Cúpula policial
- Este año se ha sumado el pedido de que se remueva a la cúpula de la Policía departamental.
- Nos interesan dos puntos centrales -dice Giuliani-: la remoción es un hecho que pide buena parte de la sociedad, que también se manifestó en una voluntad del bloque oficialista del Concejo Deliberante, pero también nos interesa que discuta una política relativa a la seguridad, que tiene que ver con el accionar de la Policía. No puede ser que nada más discutir seguridad sea cuántos patrulleros más va a haber, sino el control social de las fuerzas policiales.
El miembro de HIJOS y de la Comisión de la Memoria indicó que "está la sensación de que la mayor parte de los detenidos no son delincuentes o gente cometiendo delitos, sino contraventores". Entre las solicitudes expresadas a través de la marcha, se encuentra la creación de un registro de detenidos y contraventores, que la Policía dé cuenta de cuántos detenidos hay por contravenciones, y que algún órgano de control regule el estado en el que están las celdas en la Alcaidía de la UR9, "porque están en condiciones lamentables", asegura.
- El miércoles se removió a 7 oficiles de la UR9, ¿eso alcanza?
- Es muy importante que un oficial se encargue de lo que pasa en la alcaidía y que se respeten los Derechos Humanos. Sin embargo, hay una decisión política que manifestó el Gobierno provincial, de que hasta que la Justicia no diga si está bien o mal lo que sucedió, y de quién es la responsabilidad, no remover a los jefes. Creemos que eso no pasa por la decisión de un juez, sino una decisión política. Cuando un funcionario es cuestionado, se debe dar su apartamiento.
Giuliani considera que en el caso del jefe de la departamental, el comisario Walter Albelo, esto no ha sucedido, "lo defienden tajantemente, planteando que solamente es un reclamo infantil", sostiene el representante de HIJOS.
- ¿Por qué no se ha tomado definitivamente esta decisión?
- Tiene que ver con que el Gobierno provincial está debilitado, y que ha llevado una mala gestión en materia de seguridad. Pretende hablar de Derechos Humanos y en realidad ha manifestado a través de sus acciones lo opuesto: ha filmado manifestaciones públicas, aumentó el número de detenciones por contravenciones y al mismo tiempo las denuncias por golpizas a menores, a lo que se suman los hechos que habrían sucedido en la alcaidía, que son sumamente grave.
Flores, Carena y más de 1000 riocuartenses
La marcha que comenzó en la plaza central llevó a los más de mil manifestantes hasta la Unidad Departamental Nº 9, donde se hizo el fuerte reclamo contra Walter Albelo. En un duro discurso, donde se hacía hincapié en los orígenes del comisario en época de dictadura, se solicitó su renuncia de la jefatura de la Policía.
Un comunicado leído por el abogado Héctor Giuliani daba cuenta de los hechos ocurridos recientemente en la alcaidía y de las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas en los últimos meses.
Inmediatamente después, Nancy Carena, quien habría sido víctima de abuso sexual en la UR9, leyó una carta donde reclamó por la encarcelación del imputado José Auce.
Recordó la situación de Nicolás Sabena y lo sucedido con Alejandro Flores. Entre las banderas que ondeaban pidiendo justicia por los desaparecidos en la dictadura, se asomaba la fotografía del pequeño Ale Flores, caso por el que también está involucrada la Policía.
Luego, los manifestantes se dirigieron a la Federal, donde se descubrió la placa que denunciaba que allí funcionaba un centro clandestino de detención.
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