El Gobierno de Córdoba adeuda como mínimo 10 millones de pesos a los diferentes Tribunales Administrativos Municipales de Faltas que actúan desde 2009 en la gestión de cobro inicial de las miles de multas que aplican los agentes de la Policía Caminera.

Este dinero que la Provincia cobra y debería girar periódicamente en forma automática sirve para que cada uno de los Juzgados de Faltas compense el gasto de sueldos del personal técnico y particularmente el envío de centenares de notificaciones a los infractores que son detectados por la Caminera en las rutas cercanas a cada localidad.

De acuerdo a la Ley Provincial de Tránsito con su texto modificado en 2004, los Juzgados Administrativos Municipales de Faltas designados para estas tareas tienen derecho a cobrar el 25% del dinero de lo que se percibe por el pago voluntario de multas y el 40% de lo que la Provincia cobra tras el envío de las primeras intimaciones a cargo de estos Tribunales y la posterior intervención de la empresa Kolektor.

De acuerdo a la información brindada desde varios Tribunales Administrativos Municipales de Faltas la Provincia debe entre 4 y 6 meses de los aportes por pagos voluntarios. En cambio, no efectúa reembolsos de ninguna naturaleza por el dinero que recauda tras las intimaciones desde hace más de un año y medio en la mayoría de los casos (agosto de 2010).

Aunque existen algunos Juzgados que reclaman al Gobierno una deuda superior a los 2 millones de pesos por las multas cobradas desde agosto de 2010 en adelante, en promedio las acreencias de cada Juzgado Administrativo en contra de la Nación rondan los 500 mil pesos.

Algunos intendentes que deben financiar con fondos propios el envío de las intimaciones por las multas de la Caminera, sostienen que la Provincia está violando la legislación vigente en la materia al retener y no coparticipar de manera directa estas millonarias sumas que percibe por las multas.

Ante las reiteradas demoras y la fuerte deuda que acumula la Provincia con ellos por esta causa, algunos jefes comunales decidieron suspender el envío de las intimaciones por Correo Oficial, ya que no quieren agrandar la deuda vigente.

Estos funcionarios municipales consideran que el Ministerio de Seguridad se ha apropiado transitoriamente de estos recursos para compensar en parte el abultado déficit que tiene el Estado provincial en materia financiera.