El gobernador Ricardo Colombi rubricó ayer un convenio de cooperación con la ministra del máximo tribunal, Carmen Argibay. El acuerdo incluye además a la Cámara Federal de Apelaciones. También firmaron el titular de Diputados,?Pedro Cassani, y el intendente de Capital,Camau Espínola.
En el Salón Presidencial del Palacio de Justicia, en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo ayer la firma del acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia y los tres poderes del Estado local.
El gobernador Ricardo Colombi rubricó el acuerdo en representación de la provincia, junto con la ministra de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carmen María Argibay, quien lo hizo por ese estamento judicial. También firmaron la titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Selva Angélica Spessot, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, y el intendente de la ciudad de Corrientes, Carlos Mauricio Espínola.
“Más allá de la problemática de la realidad que significa el problema de género o la cuestión de la trata de personas, es destacable el trabajo relacionado que debe haber entre los diversos poderes del Estado y sobre todo con los poderes judiciales, tanto provincial como nacional”, dijo el gobernador Colombi a El Litoral, único medio en cubrir este acto de importancia para la provincia.
De la rúbrica participaron también legisladores de todos los partidos políticos que se sumaron a la comitiva oficial que viajó a la Capital Federal.
Estos convenios buscan desarrollar acciones conjuntas en pos de erradicar el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, propiciando legislaciones, acciones de prevención e investigación, intercambiando información, capacitando, concientizando y sensibilizando sobre la perspectiva de género.
Los objetivos que persigue el mencionado convenio marco de colaboración se sustentan en instrumentos internacionales suscriptos por la Argentina e incorporados con jerarquía constitucional a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Entre ellos se encuentran la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” y la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, y la “Convención de Belén do Pará” aprobada por Ley 24.632.
La provincia de Corrientes se convirtió así en la primera del país en formalizar este tipo de convenio, profundizando de ese modo una política de Estado tendiente a desterrar toda forma de discriminación contra la mujer, permitiendo el desarrollo de medidas y acciones a favor de la lucha contra el flagelo de la violencia de género.
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