El dato surge de la última estadística publicada por la edición Nº40 de Infojus, un boletín mensual que difunde el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Allí se consigna que, de los 286 sentenciados, 125 condenados son en Resistencia y 161 en el interior.

La información fue presentada por Vanesa Sánchez Navarro e Ingrid Wenner, secretaria a cargo y secretaria respectivamente- del Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual, que depende jerárquica y funcionalmente de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia.

Lo inquietante del dato, según indicaron las funcionarias, es que en la mayoría de los casos los abusos son cometidos en perjuicio de menores de edad.

Así, los datos aportados por ambas en el marco de la entrevista publicada en el boletín permiten reconstruir los orígenes y los objetivos de una entidad no jurisdiccional virtualmente única en el país.

Banco de información

El Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual es un banco de información cuyo objeto es obtener, almacenar y actualizar información vinculada a sujetos que fueron condenados por la comisión de delitos contra la integridad sexual, en calidad de autor o de partícipe. Esta es una actividad meramente administrativa, no jurisdiccional, función ésta última cumplida por los juzgados correccionales y las cámaras en lo criminal de toda la provincia.

“De esos ámbitos recibimos las sentencias condenatorias contra la integridad sexual y recién allí tomamos intervención para ingresar dichos datos a nuestro sistema de Registro. Sólo registramos datos basados en las sentencias firmes que vamos recibiendo.

Para ello contamos con un sistema operativo propio programado especialmente para éste fin y es absolutamente independiente de los que tienen los distintos tribunales jurisdiccionales”, explicaron.

El origen del Registro responde a un proyecto presentado en el 2009 a través de la entonces presidenta de la Legislatura provincial, Alicia Mastandrea, siendo presidente del STJ Ramón Rubén Ávalos. “En cuanto a la tarea específica, acopiamos información sobre los datos personales de los condenados, los prontuarios, fotos, huellas dactiloscópicas, señas particulares como tatuajes o cicatrices, Tribunal interviniente, lugar en el cual se encuentran alojados, entre otros datos. Inclusive se van actualizando las fotografías porque sus respectivas fisonomías van cambiando con el tiempo”, indicaron.

Asimismo, el contacto es permanente con los Juzgados de Ejecución Penal con sede en cada una de las Circunscripciones Judiciales, los cuales informan al Registro las modificaciones en la ejecución de las condenas, por ejemplo el otorgamiento de salidas transitorias, libertad condicional entre otros beneficios previstos en la Ley Nacional 24.660.