El Gobierno correntino mira insistentemente el calendario. Es que, en la cuenta regresiva, tiene sólo hasta el jueves 19 para firmar el convenio de desendeudamiento con Nación, programa reclamado hasta el hartazgo por la administración de Ricardo Colombi. Pero mientras insiste en la reprogramación de su multimillonario pasivo, por otra parte promueve la toma de un crédito por la monumental cifra de 150 millones de dólares, un valor equivalente a un tercio del total que pretende refinanciar con el Estado Central.

En mayo pasado, la presidente Cristina Fernández de Kirchner hizo público el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias. Un mes después firmó la Resolución, que reglamentó el Decreto original, que previó, entre otras determinaciones, la fecha tope para rubricar el convenio entre las provincias beneficiadas con la reprogramación y la Nación.

En el caso de Corrientes, la Provincia podría reprogramar $1.827 millones que debe a Nación y cuyos pagos están establecidos hasta 2017. Para saldar este pasivo, el Estado Central descuenta unos 35 millones de pesos mensuales de los giros de partidas correspondientes a la coparticipación.

Si finalmente Corrientes accede al desendeudamiento, la Provincia refinanciará el total de esa deuda (el 83% de su pasivo consolidado) hasta el 2030 (se abonará en 227 cuotas). El Programa prevé un período de gracia que se extenderá hasta diciembre de 2011, por lo que los descuentos a la coparticipación frenarán hasta el último mes del próximo año.

Pero no serán los únicos beneficios. El interés anual será del 6% en pesos, por lo que la Provincia no deberá preocuparse por inflación o devaluación de la moneda nacional ya que estos imponderables económicos no serán un marco para actualizar los valores.

Hasta ahora sólo tres provincias firmaron el convenio bilateral con Nación: Buenos Aires, Chaco y Tucumán. Una cuarta jurisdicción, Tierra del Fuego, aseguró que rubricará el miércoles el acuerdo con la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno correntino adelantó que en el caso de acceder al Programa de Desendeudamiento, la Provincia estará en condiciones de achicar los plazos establecidos para las mejoras en el básico de los docentes y prometió incrementos salariales

para los trabajadores de la administración pública.

Sin embargo, algunas voces se levantaron contrarias a la reprogramación de la deuda. Afirman que los actuales descuentos a la coparticipación para saldar dicho pasivo son menores, que sólo se destina para el pago de los créditos contraídos uno de cada 10 pesos que ingresa al tesoro provincial, que el esfuerzo para cumplir las obligaciones es mínimo y que sería correcto que Corrientes, de una vez por todas, salde sus compromisos.

Para el campo

Mientras los funcionarios correntinos enrojecieron sus nudillos de tanto golpear las puertas de las autoridades nacionales para acordar la firma del convenio por la reprogramación de su pasivo, por otro lado incentivan y respaldan la toma de un nuevo crédito, cuyo monto podría incrementar hasta en un 32% el total de la actual deuda con el Estado Central.

El 17 de noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo correntino (el Gobernador era, por ese entonces, Arturo Colombi) envió un proyecto a la Legislatura que prevé la autorización para que la Provincia pueda endeudarse hasta la cifra de US$150 millones, unos 590 millones de pesos.

Este dinero permitiría el financiamiento de proyectos a través del Programa de Servicios Agropecuarios (PROSAP). Los mismos tienen por objetivo la implementación de mejoras en la infraestructura rural y otros que propicien el incremento del valor agregado de las cadenas productivas.

Cuando la iniciativa ingresó formalmente al Senado, el cuerpo legislativo lo pasó a las comisiones de Impuesto y Presupuesto y de Asuntos Agropecuarios e Industria y Comercio para su pormenorizado estudio.

En febrero pasado, el actual Gobernador (Ricardo Colombi) convocó a la Legislatura provincial a sesiones Extraordinarias. En el listado de temas a tratar incluyó el multimillonario crédito a través del PROSAP. Sin embargo, el expediente aún no pudo sortear las comisiones que lo estudian en la Cámara alta.

Los referentes de los sectores del campo constantemente presionan a los funcionarios provinciales por mejoras en la infraestructura rural que permitan incrementar las producciones y una mayor competitividad.

Los datos del campo correntino no son del todo alentadores. A modo de ejemplo recuerdan que el 80% de la producción forestal debe venderse fuera de la frontera correntina en rollizo, sin incorporar valor agregado, por la escasez de industrias que puedan absorber la materia prima. La falta de fábricas está directamente relacionada a la pésima provisión eléctrica. La situación de los arroceros es aún peor: el 71% de los productores debe utilizar con exclusividad gasoil para sus estaciones de bombeo por no contar con electricidad como fuente de energía, lo que triplica este costo en la cosecha.

Pero el rosario de dificultades no termina allí: el 70% de los caminos en la Provincia no se encuentran pavimentados; el mantenimiento de rutas, puentes y alcantarillas es casi nulo; es alarmante la ausencia de una planificación territorial que articule la red vial en beneficio de actividades productivas; es insuficiente la asignación presupuestaria para la recuperación de tramos deteriorados; falta de adaptación de la infraestructura portuaria a los procesos operatorios modernos; abandono de las redes ferroviarias y deterioro del material rodante; entre otros.

El viernes, en el cierre de las VIII Jornadas de Arroz, el Ministro de la Producción, Jorge Vara, no sólo recordó el respaldo del Gobierno provincial al proyecto para tomar el crédito a través del PROSAP sino que afirmó que “con esos fondos se dotaría de infraestructura básica para procesar la producción primaria, agregar valor y generar el despegue que la provincia necesita para desarrollarse”.

Según lo apuntado por los senadores que evalúan el pedido de crédito, los proyectos incluidos en el Plan Estratégico provincial apuntan a la rehabilitación de sistemas de riego, mejoramiento de caminos terciarios (puntualmente, la Ruta 22 entre Chavarría y Concepción), electrificación rural, la implementación de un cluster citrícola y una cuenca lechera, la construcción de un nuevo mercado de concentración de frutas y verduras, una fábrica de BIOMASA en Saladas y un puerto granero en Bella Vista.

Si la Legislatura aprueba la iniciativa, la autorización de endeudamiento para el financiamiento de los proyectos del PROSAP alcanzaría los US$150 millones, más intereses, comisiones, gastos y accesorios. El plazo mínimo de amortización será de 15 años y los recursos de los préstamos provendrían del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Para pagar el préstamo, la Provincia facultaría a la Nación para que ésta descuente automáticamente el monto de la cuota de la coparticipación, es decir, el principal recurso de divisas que posee Corrientes.

Si las cámaras parlamentarias le dan el visto bueno a los créditos, estos aportes sólo equivaldrán al 80% del costo del proyecto productivo a emprender. El 20% restante deberá ser desembolsado por la Provincia.